La dirigente sindical y exconcejala bonaerense María Soledad Calle adquirió en agosto de 2025 un departamento ubicado en el primer piso del edificio de San José 1111, en Constitución, justo debajo del inmueble donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. La compra se conoció en el marco de una investigación judicial por el manejo de fondos de la UOM.
La compra de un departamento en el edificio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, por parte de la dirigente sindical María Soledad Calle, quedó vinculada a la investigación judicial que analiza el manejo de fondos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El inmueble se encuentra inmediatamente debajo del departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad.
María Soledad Calle es exconcejala de Campana (2015-2019) por el bloque de La Cámpora y tiene una trayectoria sindical ligada a la UOM. Actualmente ocupa un cargo de representación internacional como presidenta de una federación sindical metalúrgica para América Latina y el Caribe. En sus redes sociales publicó fotografías junto a Cristina Kirchner, Axel Kicillof, Carlos Bianco, Eduardo «Wado» de Pedro y Sergio Massa.
Según registros del Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires, Calle escrituró el departamento el 20 de agosto de 2025 por 189.000 dólares. La operación se realizó dos meses después de que Cristina Kirchner comenzara a cumplir arresto domiciliario en ese edificio. La compra pasó inadvertida hasta que tomó relevancia en el marco de la investigación sobre la UOM.
La causa que involucra a Calle no está vinculada con la expresidenta, sino con el manejo económico del gremio metalúrgico. La Justicia Federal investiga un contrato firmado en febrero de 2023 entre la UOM y la empresa USEM S.A., creada meses antes y de la cual Calle figura como vicepresidenta fundadora. Según la denuncia de dirigentes opositores a Abel Furlán, el convenio otorgó a USEM la administración del 0,5% de los aportes de unos 200.000 afiliados, lo que representaría ingresos cercanos a 100 millones de pesos mensuales.
El expediente busca determinar si existió incompatibilidad, ya que Calle tenía funciones sindicales y participación en la empresa beneficiada. La causa alcanza también al exsecretario general de la UOM, Abel Furlán, bajo sospechas de presunta administración fraudulenta, fraude y asociación ilícita.
Según documentación incorporada al expediente, el mismo mes de la compra del departamento, Calle adquirió un automóvil BMW valuado en alrededor de 70.000 dólares. La querella solicitó al juez federal Julián Ercolini el allanamiento del departamento y pericias patrimoniales y financieras sobre la dirigente.
María Soledad Calle rechazó públicamente las acusaciones. Declaró: «No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida».