La Fiscalía Federal de Campana solicitó la elevación a juicio de la causa contra 11 personas acusadas de integrar una asociación dedicada a adquirir, registrar y poner en circulación de manera irregular armas de fuego que luego eran desviadas hacia mercados ilegales. Entre los involucrados se encuentran un oficial de la Policía de la Ciudad y un exfuncionario de la ex ANMAC.
La Fiscalía Federal de Campana solicitó la elevación a juicio de la causa contra 11 personas acusadas de integrar una asociación dedicada a adquirir, registrar y poner en circulación de manera irregular armas de fuego que luego eran desviadas hacia mercados ilegales. Entre los involucrados se encuentran un oficial de la Policía de la Ciudad y un exfuncionario de la ex Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC).
Los acusados son Ricardo Javier Mascato, el agente porteño Walter Nahuel Moreno y el ex ANMAC (actual Registro Nacional de Armas) Fernando Héctor Rodríguez. También figuran Martín José Núñez, Walter Claudio Nahuel Moreno, Maximiliano Herminio Domingo Gómez Veras, Mirta Vanesa Lazzati, Daniel Ribeiro, Yanina Micaela Ribeiro, Daniel Niver Iglesias, Roberto Daniel Rean y Juan José Fogliani.
El requerimiento fue presentado por el fiscal de Campana Sebastián Bringas y su colega Santiago Marquevich, de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO). Según la acusación, Mascato habría cumplido el rol de organizador de la estructura, mientras que los demás fueron señalados como integrantes. Se investiga el desvío irregular de 742 armas de los registros oficiales.
En el caso de Moreno, la acusación incluye el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público debido a su intervención en numerosas certificaciones realizadas ante la ANMAC vinculadas con usuarios considerados irregulares, según información del Ministerio Público Fiscal.
La investigación analizó hechos ocurridos entre 2022 y 2026. Las armas habrían sido registradas a nombre de personas vinculadas con la organización y posteriormente no fueron encontradas en su poder ni en los domicilios declarados como lugares de guarda. La hipótesis fiscal sostiene que eran adquiridas en el mercado legal y luego, mediante distintas maniobras, terminaban fuera de la esfera de custodia de sus titulares formales.
La causa se inició en 2024 a partir de una investigación preliminar de la entonces ANMAC, que detectó irregularidades en la adquisición y registro de armas. Los investigadores analizaron compras de diferentes períodos y hallaron inconsistencias entre los ingresos declarados y la cantidad de armamento adquirido, además de coincidencias en domicilios, contactos y gestores utilizados para los trámites.
En abril de este año, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó 140 allanamientos en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Los procedimientos derivaron en varias detenciones.
Posteriormente, el magistrado dictó los procesamientos de los acusados y les impuso la prisión preventiva. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó esas resoluciones pero revocó la medida para Pablo Iannarelli, a quien desvinculó del caso por falta de mérito. Además, se trabaron embargos por hasta 120 millones de pesos a cada uno.
Según la Fiscalía, la organización funcionaba con una distribución de tareas que permitía sacar las armas del circuito legal sin que los titulares conservaran efectivamente su tenencia. Se habrían utilizado usuarios interpuestos o titulares registrales aparentes. El circuito involucró a gestores, armerías y funcionarios relacionados con la certificación de documentación.
Una de las maniobras detectadas consistía en justificar la ausencia del armamento mediante denuncias de robo, presentadas luego de inspecciones oficiales o allanamientos. También se detectaron movimientos de dinero entre personas vinculadas con la causa que coincidían con transferencias de armas.
En cuanto a Rodríguez, la acusación sostiene que brindó apoyo desde su posición institucional y actuó como gestor, incluso mediante el cobro de contraprestaciones por certificaciones. Por el lado de Moreno, se cree que realizó reiteradas certificaciones y transferencias en su condición de oficial policial.
El requerimiento concluye que existió una “mancomunidad de voluntades” orientada a cometer distintos delitos y que el mecanismo se basaba en la adquisición aparentemente lícita de armas para luego desviarlas hacia el mercado informal.