El Consejo de la Magistratura admitió una denuncia contra los vocales de la Cámara Federal de Córdoba

La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación admitió este miércoles una de las tres denuncias presentadas contra Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, vicepresidente y presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

Este miércoles 19 de agosto, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por amplia mayoría admitir una de las tres denuncias presentadas en el organismo contra las máximas autoridades de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, actuales vicepresidente y presidenta, respectivamente. La decisión se venía postergando desde abril.

En el debate, el senador y consejero Luis Juez subrayó la importancia de abrir la investigación por la “gravedad institucional” que provoca en Córdoba la situación de los jueces imputados. Son pareja y ocupan dos de cuatro vocalías, con dos vacantes, de la Cámara. Ese tribunal resuelve las apelaciones en materia jurisdiccional y todas las cuestiones de Superintendencia, incluidos nombramientos y ascensos de personal.

El Consejo aplicó el artículo 11 del Reglamento, que establece la admisión de la denuncia y sus derivaciones. Ahora Sánchez Torres y Montesi deberán designar abogado defensor y realizar su descargo en un plazo de 20 días hábiles a partir de la notificación formal.

Los tres expedientes acumulados se refieren a la presentación de la secretaria de la Cámara, Celina Laje Anaya, quien denunció a ambos ante el Consejo y en sede penal. El segundo se basa en el requerimiento de instrucción comunicado por el juez federal 2, Alejandro Sánchez Freytes, por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. El tercero contiene las notificaciones del mismo juez sobre oficios librados con medidas cautelares para proteger a la víctima y resguardar la investigación.

La votación fue de ocho votos a favor de aplicar el artículo 11 y uno en contra, del consejero por la academia Hugo Galderisi. Luis Juez dijo que “el pedido de procesamiento del Ministerio Público Fiscal, con medidas de restricciones es extremadamente delicado” y agregó que “hay mucha especulación” y que “este expediente prontamente se irá a la Comisión de Acusación”. Al votar, el consejero y juez Alberto Lugones afirmó: “Estando la suerte echada, voto por no postergar el tratamiento”. Lugones fue asesor de Sánchez Torres.

Además, hay otros dos expedientes contra Sánchez Torres y Montesi: uno iniciado por vecinos de Barrio San Antonio por un amparo ambiental y otro por un docente de la Facultad de Derecho. También está pendiente la radicación de una amplia denuncia presentada por la dirigente política Elisa Carrió, que podría asignarse a la Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, o a la de Disciplina, a cargo de César Grau. Los expedientes que van a Acusación pueden derivar en un juicio de destitución.

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