Un análisis histórico sostiene que parte de la intelectualidad económica argentina ha priorizado reformas económicas por sobre instituciones y derechos, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad.
Un texto de opinión publicado recientemente sostiene que una parte relevante de la élite económica argentina ha mostrado, a lo largo de la historia, una disposición a sostener sus reformas económicas preferidas «a cualquier precio», incluso aceptando costos institucionales y de derechos. El artículo, que no cita a su autor, repasa diversos períodos históricos para fundamentar esta afirmación.
El texto menciona que, a mediados del siglo XX, Adalbert Krieger Vasena justificó su intervención como ministro durante dos dictaduras (las de Aramburu y Onganía) argumentando la urgencia de eliminar las rigideces impuestas por el peronismo sobre la economía nacional. Durante el gobierno de Onganía (1966-1969), se habló de la necesidad de «acelerar el desarrollo», que según la élite de entonces estaba bloqueado por administraciones democráticas «lentas» como la del presidente Illia.
El artículo también cita declaraciones de Juan Alemann, a quien describe como «el gran intelectual económico detrás de la última dictadura militar». En una nota publicada en el diario La Prensa el 23 de octubre de 1979, Alemann defendió la política económica de la dictadura afirmando: «Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical que era uno de los grandes problemas del país». Añadió que «hemos debilitado el poder sindical y esta es la base para cualquier salida política en la Argentina».
El texto menciona asimismo una autocrítica del periodista Mariano Grondona, quien reconoció haber sido víctima de la «ilusión» de que lo esencial era buscar el desarrollo económico y que lo demás vendría por añadidura. Grondona señaló que aceptó «el militarismo, leyes de emergencia, decretos, lo que fuese, con tal de acelerar el proceso».
Según el artículo, esta operación no quedó confinada a las dictaduras. En los años 90, con el objetivo de desmantelar al «Estado omnipresente», la élite económica impulsó un proceso de privatizaciones que, según el texto, se acompañó de «ultrajes institucionales»: concentración de poder en el Ejecutivo, presiones sobre prensa y Poder Judicial, y corrupción.
En la actualidad, el texto afirma que los principales miembros del equipo económico anuncian medidas para combatir la alta inflación, y sugiere que se trataría de iniciativas «manifiestamente inconstitucionales, destructivas del empleo, y regresivas en materia de igualdad». Sostiene que esa élite económica hace silencio o festeja los excesos del Presidente, como insultos a mandatarios extranjeros, intentos de control del Poder Judicial, medidas inconstitucionales contra extranjeros, burlas a mujeres, discapacitados y homosexuales, y uso del cargo público para negocios privados.
El artículo aclara que su crítica a la élite económica no implica un elogio de ninguna política o discurso alternativo, ni una defensa de gobiernos autoritarios, populistas, improvisados o corruptos. Su propósito es concentrarse en el «pobre aporte de nuestra élite económica a nuestro constitucionalismo democrático», es decir, su disposición a sacrificar instituciones o derechos a cambio de las reformas que propician en cada momento.