La Comisión de Legislación General del Senado analizó este martes la iniciativa impulsada por el Gobierno que crea las ‘Sociedades Automatizadas’ y regula las DAO. El debate incluyó un fuerte cruce entre la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, y el ex titular de la IGJ, Ricardo Nissen.
Buenos Aires, 11 de agosto (NA) – La Comisión de Legislación General del Senado, presidida por Nadia Márquez, debatió este martes el proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa incorpora la figura de la ‘Sociedad Automatizada’, que opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin empleados, y regula las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), que funcionan con tokens y tecnología blockchain.
Durante la reunión, que contó con la participación de especialistas y funcionarios, se produjo un cruce entre la senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza) y el ex titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen. Nissen, quien dirigió el organismo durante el gobierno de Alberto Fernández, rechazó el proyecto y sostuvo que ‘hay que cambiar la ley 19.500, pero esto no, porque es la consagración de las sociedades comerciales como trampa, como ámbito de actuación deshonesta para que la gente de plata tenga más plata y bienes, y los trabajadores nunca disfruten nada’. También afirmó que ‘los vivos de siempre que vienen de Miami, vienen disfrazados de socios norteamericanos, hacen lo que quieren con la ley, la manipulan y resulta que después salen absolutamente ilesos’.
Bullrich, por su parte, acusó a Nissen de haberse excedido en sus funciones al suspender en el ámbito porteño las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) creadas por una ley de 2017, y declaró que ‘como director no puede cambiar una ley de la Nación’. Agregó que Nissen tiene una ‘mirada de carácter estrictamente político y no como un experto, sino como una persona que durante su gestión generó limitaciones estrictas a una ley de la Nación, siendo director de la IGJ, y eso es algo que no correspondía’. Luego señaló: ‘El acusador termina siendo acusado’, en referencia a una causa judicial, mientras Nissen y senadores peronistas intentaban responder, aunque la presidenta de la comisión no lo permitió.
En contraposición, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Matías Álvarez, expresó que ‘este proyecto mantiene y fortalece el sistema de prevención de lavado de activos, mantiene inalterado el cumplimiento de los estándares internacionales y brinda una oportunidad para modernizar esta legislación’. También destacó la incorporación del legajo digital público y la digitalización de libros y registros societarios.
El profesor de la Universidad Austral, Sebastián Balbín, señaló que ‘una ley responde a una realidad. Cuando la realidad cambia, llega un momento en que ya no alcanza con modificar algunos artículos y es necesario revisar todo el sistema’, y recordó que la ley vigente data de 1972. El emprendedor Emiliano Kargieman, CEO de Saltellogic, apoyó la creación de un marco jurídico para las DAO y dijo que ‘la oportunidad que tiene Argentina es histórica. Este proyecto puede darle al país una ventaja institucional y económica importante’. El especialista en blockchain Sebastián Heredia Querro consideró que ‘nuestras pymes compiten en un mercado global con leyes de otra época’ y que el anteproyecto ‘fue elaborado por una comisión federal que conoce el interior del país y creo nos va a dar la infraestructura jurídica que la producción argentina necesita para el siglo XXI’.
En tanto, la fiscal Gabriela Boquín, titular del Programa para la Protección de los Usuarios y Consumidores del Ministerio Público, se manifestó en contra y afirmó que ‘el proyecto tiene normas que son incongruentes con los principios que sustenta; es contradictorio. Si utilizáramos el proyecto tal cual está analizado, hubiéramos perdido el caso YPF’. También sostuvo que ‘modernizar no significa desproteger, simplificar no significa desregular y ampliar la libertad no significa abandonar a quienes tienen menos para poder ejercerla’. El juez Julián Flores coincidió en que no debería aprobarse en su redacción actual.
Se estima que la comisión realizará al menos dos reuniones informativas más antes de emitir dictamen.