El presidente del Senado, Pedro Rollán, respondió al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, que no atenderá su pedido de desconvocar las comisiones que recibirán a los ministros de Interior, Defensa y Exteriores para informar sobre la crisis migratoria en Ceuta.
El presidente del Senado, Pedro Rollán, del Partido Popular, envió una carta al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, en la que rechaza la solicitud del Gobierno de posponer las comparecencias de los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles, y Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ante la Cámara Alta. Estas comparecencias estaban previstas para los días 12, 13 y 17 de agosto, con el fin de informar sobre el papel de sus departamentos en la crisis migratoria de Ceuta.
Según el contenido de la carta, recogida por Europa Press, Rollán calificó la petición de Simancas como «desafortunada» y basada en «razones erradas». El secretario de Estado había argumentado que resultaba un «sinsentido» que los ministros comparecieran en el Senado en esas fechas, dado que también deben asistir al Congreso en la última semana de agosto, y que no tendrían tiempo suficiente para preparar sus intervenciones.
Rollán respondió que la solicitud implicaba «una invitación a que esta Presidencia desobedezca sus obligaciones constitucionales y reglamentarias», y señaló que las comisiones fueron convocadas por pedido de la mayoría absoluta del Senado, que ostenta el PP. Asimismo, indicó que la Cámara Alta no encontró «receptividad alguna» del Gobierno para acordar fechas alternativas.
El presidente del Senado recordó que el PP registró sus solicitudes de comparecencia el día 30 de julio, y que el Gobierno presentó las suyas a pedido propio en el Congreso el día siguiente. Sostuvo que el Senado no objeta las comparecencias en el Congreso, pero que no puede ignorar «la notoria intención de escamotear al Senado el ejercicio de sus funciones constitucionales».
Rollán citó la doctrina del Tribunal Constitucional, que establece que «la función ordinaria de control corresponde por igual a las dos Cámaras que componen las Cortes Generales». También afirmó que los ministros tienen «una genuina obligación jurídica» de acudir a la Cámara que los convoca, y cuestionó el argumento de la falta de tiempo, señalando que los plazos de seis y diez días de antelación son suficientes para preparar las intervenciones.
Además, rechazó la propuesta del Gobierno de que los ministros comparecieran ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, indicando que esa instancia no sustituye la obligación de comparecer en las comisiones del Senado.