El presidente Gustavo Petro señaló que la suspensión provisional de apartes del decreto que autorizaba el traslado de $4 billones a la Ungrd podría derivar en una crisis humanitaria y ambiental en Colombia. La medida fue adoptada por el Consejo de Estado por posibles inconsistencias jurídicas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que la suspensión provisional de varios apartes del decreto que autorizaba el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) pone en riesgo la capacidad del Estado para enfrentar la sequía prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027.
Según el mandatario, la decisión judicial podría impedir la financiación de proyectos de agua potable, producción de alimentos y energía solar, lo que generaría una crisis humanitaria y ambiental.
En su cuenta de X, Petro escribió: “Si no se lleva de inmediato recursos para el agua potable, el crecimiento de la producción de alimentos y la energía solar, habrá una crisis humanitaria y ambiental en Colombia en el mes de diciembre”.
El presidente también cuestionó al presidente electo, Abelardo de la Espriella, por negar la crisis climática, y criticó a los magistrados del Consejo de Estado, afirmando que “solo por odio político” permiten que la población quede expuesta “al riesgo del hambre y la muerte”.
La controversia surgió después de que el Consejo de Estado suspendiera temporalmente dos apartes del Decreto 802 del 23 de julio de 2026, norma expedida para facilitar el traslado de recursos del Presupuesto General de la Nación hacia la Ungrd con el fin de atender la declaratoria de desastre nacional ocasionada por el fenómeno de El Niño.
El alto tribunal señaló que la medida cautelar responde a posibles inconsistencias jurídicas en el decreto. En particular, uno de sus artículos y uno de sus incisos autorizaban al Ministerio de Hacienda a modificar partidas del Presupuesto General de la Nación sin contar previamente con una autorización legal, aspecto que será analizado de fondo durante el proceso.
Durante el consejo de ministros, el Gobierno expresó su preocupación por la sequía prevista entre diciembre de 2026 y marzo de 2027 y confirmó que ya había comprometido recursos a través de las alcaldías para preparar a las regiones frente a esa contingencia climática.
Petro sostuvo que la suspensión detuvo una estrategia diseñada para preparar al país frente a una “megasequía” que, según dijo, afectará especialmente al Caribe colombiano durante los últimos meses de 2026 y los primeros de 2027.
El mandatario explicó en el consejo de ministros del 30 de julio que los recursos tenían tres prioridades: garantizar el suministro de agua potable para Sucre y otros departamentos de la región Caribe, destinar un subsidio de $1 billón para fertilizantes que permitiera proteger la producción de alimentos y acelerar la instalación de paneles solares para asegurar el abastecimiento energético durante la temporada seca.
Petro indicó que una parte importante del plan consistía en desplegar paneles solares en el Caribe, región que, según sostuvo, reúne las mejores condiciones para aumentar la generación de energía renovable. La suspensión del decreto frenó la posibilidad de adelantar con rapidez los procesos de contratación, compra de equipos e instalación de estos sistemas en miles de viviendas.
Asimismo, señaló que el Gobierno contemplaba financiar esa estrategia mediante programas de mejoramiento de vivienda y a través de la iniciativa Colombia Solar. A su juicio, cualquier retraso compromete la capacidad del Estado para responder oportunamente a los efectos de la sequía prevista para finales de año.
El mandatario también vinculó la decisión judicial con el inicio del próximo Gobierno. Según manifestó, si la administración de Abelardo de la Espriella no restablece el mecanismo de financiación una vez asuma el poder el próximo 7 de agosto, el país podría enfrentar una emergencia de mayores proporciones.
“Lo que viene no es lluvia, sino muchísimo sol. Serán tres o cuatro meses de intensa sequía a partir de diciembre, que podrían provocar muerte y hambre si se pierde tiempo”, afirmó el presidente, quien insistió en que la Ley de Desastres permite realizar este tipo de traslados presupuestales para atender emergencias.
Petro agregó que espera que el nuevo Gobierno reactive el decreto o adopte una medida similar para garantizar los recursos destinados a enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño. Según dijo, una demora adicional no solo implicaría perder tiempo en la ejecución de las obras, sino también poner en riesgo la vida de miles de personas.