El gobierno brasileño calificó como ‘arbitraria e injustificada’ la medida de Washington, que establece gravámenes del 10% al 12,5% sobre productos de unos 60 socios comerciales, y anticipó que iniciará los trámites para aplicar represalias mediante la Ley de Reciprocidad Económica.
Brasil rechazó este jueves los nuevos aranceles anunciados por Estados Unidos para decenas de países y calificó la medida como “arbitraria e injustificada”. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva anticipó que iniciará los trámites para aplicar una respuesta comercial mediante una ley aprobada por el Congreso brasileño.
La decisión de Washington establece nuevos gravámenes de entre 10% y 12,5% sobre productos importados de unos 60 socios comerciales, entre ellos Brasil, bajo el argumento de que esas economías no aplicaron de manera efectiva las prohibiciones contra bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
A través de un comunicado, la presidencia brasileña aseguró que el país fue incluido en la lista pese a su trayectoria en materia laboral. “Brasil viene siendo reconocido desde hace décadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por los fuertes compromisos asumidos en la lucha contra el trabajo forzado”, señaló el Ejecutivo.
Tras conocerse la nueva medida, el gobierno brasileño informó que activará la Ley de Reciprocidad Económica, aprobada por el Congreso en 2025, que permite adoptar medidas equivalentes frente a restricciones comerciales aplicadas por otros países.
El presidente Lula había anticipado una reacción frente a los aranceles del 25% anunciados por Trump sobre determinados productos brasileños la semana pasada. Sin embargo, su vicepresidente, Geraldo Alckmin, buscó moderar el conflicto y había descartado una respuesta inmediata.
Dentro del sector empresarial brasileño también existen reparos sobre la aplicación de represalias comerciales. Algunos representantes advierten que una escalada podría afectar a compañías locales que dependen del comercio internacional.
Los nuevos impuestos forman parte de la ofensiva comercial impulsada por Donald Trump luego del revés judicial que sufrió su administración a comienzos de año. En febrero, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó que el presidente había excedido sus facultades al imponer ciertos aranceles generales sin autorización del Congreso.
Tras ese fallo, la Casa Blanca modificó su estrategia y recurrió a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite imponer sanciones comerciales contra países acusados de mantener prácticas consideradas “injustificables”, “irrazonables” o “discriminatorias”.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) justificó los nuevos gravámenes a partir de investigaciones sobre el cumplimiento de normas contra el trabajo forzoso en cadenas de producción internacionales.
Desde Brasil cuestionaron ese argumento y acusaron a Washington de utilizar un tema vinculado a los derechos humanos para justificar nuevas barreras comerciales. “El USTR optó por manipular un tema sensible a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo”, expresó la presidencia brasileña.
La medida contra Brasil se suma a una serie de decisiones tomadas por la administración Trump en las últimas semanas, como el anuncio de aranceles del 25% sobre determinados productos brasileños y tarifas del 50% para algunos bienes provenientes de Canadá.
La Casa Blanca sostiene que su política busca proteger la industria estadounidense, aumentar la producción interna y reducir el déficit comercial. Sin embargo, distintos sectores advierten que los costos de estas medidas podrían trasladarse a empresas importadoras y consumidores.
Con la entrada en vigor del nuevo esquema, Brasil se suma a una lista que incluye también a países como Argentina, Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia, Ecuador, Guatemala, Bangladesh, Camboya, Malasia, Pakistán, Sri Lanka, Jordania, Honduras, El Salvador y Trinidad y Tobago. Además, economías como la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza tendrán tasas diferenciadas.