La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del gobierno de Donald Trump en el caso Mullin v. Doe, permitiendo la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 350 mil haitianos y sirios. El fallo limita la revisión judicial sobre las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional.
La Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por seis votos contra tres a favor de la administración de Donald Trump en el caso Mullin v. Doe. El fallo permite al gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350 mil ciudadanos de Haití y unos 4 mil de Siria.
El programa TPS fue creado por el Congreso de Estados Unidos en 1990 como un mecanismo de protección humanitaria para ciudadanos extranjeros cuyos países atraviesan conflictos armados, desastres naturales u otras crisis extraordinarias. Bajo esa figura, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede conceder permisos temporales para residir y trabajar legalmente en EE.UU. por períodos de seis, doce o dieciocho meses, con posibilidad de renovación.
Según informó Los Angeles Times, cuando Trump regresó a la Casa Blanca, alrededor de 1,3 millones de personas de 17 países contaban con TPS. La decisión judicial sobre Haití y Siria podría afectar a la totalidad de ese universo al sentar un precedente para futuras cancelaciones.
El eje de la disputa judicial era determinar si los tribunales podían revisar la forma en que el gobierno decidió cancelar las protecciones temporales. El American Immigration Council señaló que tribunales inferiores habían frenado previamente la eliminación del TPS al considerar que la administración no había seguido el procedimiento exigido por el Congreso, que contempla una evaluación entre distintas agencias federales para verificar si las condiciones en el país de origen mejoraron.
La mayoría conservadora de la Corte Suprema concluyó que la ley limita la posibilidad de presentar demandas contra las “determinaciones” vinculadas al TPS, por lo que los jueces no pueden revisar si el secretario del DHS cumplió correctamente con esos procedimientos. La resolución no afirma que el gobierno haya respetado todos los pasos previstos por la legislación, sino que sostiene que los tribunales carecen de competencia para analizar ese aspecto.
Una vez que la decisión entre en vigor, muchos beneficiarios pasarán a estar en situación migratoria irregular y podrían perder la autorización de empleo. Entre los principales efectos previstos se encuentran: pérdida del estatus legal otorgado por el TPS, finalización del permiso para trabajar, riesgo de quedar en condición migratoria irregular y posibilidad de enfrentar procesos de deportación si no cuentan con otra vía legal para permanecer en el país.
Salvo que el Congreso apruebe una legislación que otorgue un estatus migratorio permanente a los beneficiarios del TPS, cientos de miles de personas quedarán expuestas a perder tanto su autorización laboral como la protección frente a una eventual deportación. El fallo también deja abierta la posibilidad de que la administración avance sobre nuevas cancelaciones sin que los tribunales puedan revisar el procedimiento administrativo.
Todavía permanecen bajo TPS cerca de 300 mil personas cuya protección no expiró o aún no fue cancelada. Entre ellas figuran casi 200 mil ciudadanos de El Salvador, que mantienen ese beneficio desde hace más de 25 años, y alrededor de 50 mil ucranianos incorporados tras el inicio de la guerra con Rusia.