El empresario tabacalero Pablo Otero publicó una solicitada en el diario La Nación para rechazar acusaciones periodísticas sobre presunta evasión impositiva y lavado de dinero, en medio de fallos judiciales adversos.
El viernes pasado, Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, publicó una solicitada en el diario La Nación en respuesta a un artículo titulado “Historia de un vendedor de humo”, publicado el día anterior. Otero afirmó que dicho artículo tenía como objetivo “desprestigiar a la empresa y tratar de arruinar mi reputación” y que contenía “afirmaciones totalmente falsas”.
Otero aceptó de manera implícita que la Corte Suprema de Justicia lo condenó a pagar una deuda al fisco, estimada por medios independientes entre 1.000 y 1.400 millones de dólares. También reprochó al periodista que las denuncias presentadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP) por presunto lavado de dinero fueron rechazadas por distintas instancias judiciales. El artículo mencionado consigna que varias instancias archivaron la causa, pero que el trámite judicial aún no ha concluido y podría volver a la Corte Suprema.
En su solicitada, Otero calificó a su empresa como una “pequeña pyme” afectada por una gran multinacional, a la que nombró como PMA, probablemente Philip Morris Argentina. Tabacalera Sarandí controla casi el 40% del mercado argentino de cigarrillos. Otero también sugirió que su empresa está a la vanguardia de la lucha de empresas nacionales contra compañías internacionales.
La Corte Suprema, en agosto pasado, declaró inconstitucional el planteo de Otero sobre la ley que fijaba un precio mínimo para los cigarrillos. Durante más de cinco años, Otero obtuvo cautelares que le permitieron no cobrar ni pagar los impuestos inherentes al precio de los cigarrillos. La Corte rechazó su pedido de nulidad porque Otero no presentó constancia de un plan de pagos con la AFIP. Ambas decisiones fueron firmadas por la unanimidad de los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Mariano Llorens y Mario Boldu. El juez Carlos Rosenkrantz se excusó por haber actuado previamente como abogado de una compañía tabacalera internacional.
En su fallo, la Corte sostuvo que el precio alto de los cigarrillos, sostenido por impuestos, es un recurso para cuidar la salud pública, respaldándose en un pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud.
En cuanto a la causa por lavado de dinero, iniciada por la Unidad de Información Financiera (UIF), fue archivada por el fiscal Eduardo Taiano, luego por la jueza María Servini, por la Cámara Federal y por la Cámara de Casación, que además apartó a la ARCA como querellante. Los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo votaron a favor del archivo; el juez Gustavo Hornos votó en disidencia. La ARCA puede recurrir en queja a la Corte Suprema.
Otero no mencionó en su solicitada una tercera causa en Mar del Plata, a cargo del juez federal Santiago Inchausti, sobre presunta falsificación del estampillado fiscal. Un informe preliminar de la Casa de Moneda ratificó que el estampillado de Tabacalera Sarandí es apócrifo. Otero intentó apartar a Inchausti, pero su planteo fue rechazado por todas las instancias, incluida la Corte Suprema. Inchausti ya citó a indagatoria a varios empresarios que le compraban cigarrillos a Otero con estampillas falsas.