Durante los primeros seis meses de 2026, al menos 2.430 personas fueron desplazadas forzosamente en México, según organizaciones civiles. Las comunidades indígenas son las más afectadas, y el Estado mexicano no ha implementado políticas públicas suficientes para atender la emergencia.
El desplazamiento forzado interno en México afecta a miles de personas que abandonan sus hogares para huir de la violencia, el crimen organizado y la persecución. Durante 2026, los casos se han incrementado en diversas regiones del país, donde la ausencia de respuestas institucionales ha dejado a comunidades enteras sin protección ni garantías para retornar a sus lugares de origen.
En los primeros seis meses del año, aproximadamente 600 personas fueron desplazadas en Chihuahua, 30 en Chiapas, más de 800 en Guerrero, más de 600 en Michoacán y al menos mil en Sinaloa. Estas cifras reflejan el alcance territorial y la gravedad de la crisis. Organizaciones civiles que han documentado estos hechos alertan que la violencia estructural y la inacción oficial agravan la situación de quienes se ven obligados a dejarlo todo.
Las causas del desplazamiento forzado interno se encuentran en el control territorial ejercido por el crimen organizado, el reclutamiento forzoso, la siembra y trasiego de droga, la tala ilegal y otras actividades ilícitas. A esto se suman alianzas entre grupos delictivos y autoridades municipales, estatales y federales, así como acuerdos con empresas mineras que recurren a estos grupos para el despojo de tierras de pueblos originarios.
Durante una misión de observación en Chihuahua realizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), se identificó el desplazamiento de comunidades indígenas ralámuli y ódami que han abandonado el municipio de Guadalupe y Calvo. Estas personas denunciaron enfrentamientos entre cárteles, amenazas de reclutamiento, violencia sexual, secuestros y agresiones físicas y psicológicas. En un caso de retorno forzado a la comunidad de Atascaderos, las autoridades no garantizaron la seguridad, lo que resultó en el asesinato de una persona y la desaparición de dos más.
En el estado de Jalisco, la comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán enfrenta amenazas, hostigamiento, ataques físicos, desapariciones e intentos de homicidio por defender su territorio ancestral. El asesinato del representante agrario Marcos Aguilar Rojas, ocurrido en noviembre de 2025, marcó un punto crítico en la lucha que estas comunidades mantienen por la posesión de sus tierras desde 1951.
Las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán en Guerrero han sufrido el desplazamiento de más de 800 personas pertenecientes al CIPOG-EZ. El 9 de mayo de 2026, un grupo criminal ingresó a la comunidad de Alcozacán y atacó a la población civil con drones y armas de alto calibre. El saldo fue la muerte de por lo menos cinco personas, viviendas incendiadas, animales asesinados y el establecimiento de un clima de terror. Desde 2015, estas localidades han estado bajo asedio, registrando al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en once años.
El Estado mexicano ha mantenido una postura insuficiente ante la emergencia. Las acciones implementadas suelen carecer de pertinencia cultural y no responden a las necesidades reales de las víctimas. No existen políticas públicas ni estrategias apegadas a los principios rectores del desplazamiento forzado interno. Además, persisten los problemas estructurales vinculados al crimen organizado y la impunidad.
La Red TDT, que ha documentado la crisis, demanda a los tres niveles de gobierno que, más allá de intereses partidistas o económicos, reconozcan la gravedad del desplazamiento forzado interno y actúen de manera coordinada para atender la emergencia humanitaria. Las víctimas requieren protección, acceso a la justicia y el cese de la impunidad. También solicitan la investigación y sanción de los responsables de la violencia, así como la atención a los testimonios y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Las familias desplazadas continúan esperando respuestas efectivas que garanticen su seguridad y el restablecimiento de sus derechos. Hoy, en el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas, la urgencia de una atención institucional real se mantiene como una exigencia pendiente.