El Gobierno busca modificar la ley de inocencia fiscal tras bajos resultados

El Ministerio de Economía presentó un proyecto para reformar la ley de inocencia fiscal, vigente desde principios de año, ante la escasa adhesión de ahorristas. La iniciativa apunta a que los argentinos regularicen patrimonios no declarados.

La ley de inocencia fiscal, elaborada por el ministro de Economía, Luis Caputo, entró en vigencia a principios de año y no registró los resultados esperados. El Poder Ejecutivo presentó un proyecto ante el Congreso para modificarla, con el mismo objetivo de incentivar que los argentinos declaren el patrimonio que mantienen fuera del sistema financiero local.

“Tienen los dólares en sus casas, perdiendo plata, y el que más pierde es el país”, afirmó Caputo meses atrás. Según fuentes del sector, las entidades bancarias reportaron pocas operaciones vinculadas al blanqueo. La Casa Rosada estima que existen US$ 330 mil millones en fondos líquidos fuera del sistema financiero, de los cuales US$ 250 mil millones estarían dentro del país. Los depósitos registrados en el sistema ascienden a US$ 40 mil millones.

Los bancos exigen documentación respaldatoria a los interesados, conforme a los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos, y elevan alertas ante la Unidad de Información Financiera si las justificaciones no son convincentes. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró en diciembre pasado: “Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido”.

El directivo de una entidad financiera señaló que “aparte de Adorni y su esposa, casi nadie se adhirió”. Algunos actores del sector criticaron la falta de incentivo para sumarse al régimen, ya que los ahorristas no reciben una remuneración por los dólares ingresados. Los préstamos en dólares están limitados a quienes exportan, y la tasa de interés de los plazos fijos en moneda extranjera se mantiene baja.

Javier Bolzico, presidente de ADEBA, explicó que la tasa de transformación de depósitos en dólares a créditos es del 55%, frente al 85% en pesos. Esto se debe a restricciones legales para prestar divisas y otras cuestiones prudenciales. Bolzico sostuvo que “es necesario crear las condiciones de confianza y retorno para atraer el ahorro argentino que está fuera del sistema financiero formal”. Propuso dar más flexibilidad para ampliar los préstamos dolarizados, aunque solo a sectores productivos para evitar problemas ante una eventual mora.

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