Diversas asociaciones de la sociedad civil participaron de un plenario de comisiones para proponer cambios al proyecto de Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, al considerar que su redacción actual restringe la participación ciudadana.
Este miércoles, organizaciones de la sociedad civil se reunieron en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados para presentar objeciones al proyecto de Ley de Lobby impulsado por el Gobierno. Si bien reconocieron la necesidad de regular la gestión de intereses, señalaron que el texto actual podría desalentar la participación legítima de actores sociales y empresariales.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham, afirmó que “un régimen excesivamente punitivo podría generar efectos no deseados desalentando la participación legítima de las empresas, organizaciones de la sociedad civil u otros actores en los procesos de elaboración de políticas públicas”.
La iniciativa, denominada Ley de Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses, crea un Registro Público de Gestores de Intereses de acceso gratuito y digital, en el que deberán inscribirse todas las personas físicas o jurídicas que busquen influir en la elaboración de leyes, actos administrativos, contrataciones públicas, subsidios, habilitaciones o designaciones. Los funcionarios no podrán reunirse con gestores no inscritos, y cada contacto deberá registrarse dentro de los cinco días hábiles.
El proyecto incluye un capítulo para la gestión de intereses extranjeros, con obligaciones reforzadas para quienes representen a Estados, gobiernos, partidos políticos, empresas estatales o personas jurídicas constituidas en el exterior. Ocultar ese carácter es considerado infracción grave, y actuar clandestinamente en nombre de un principal extranjero en áreas como defensa nacional o infraestructuras críticas puede derivar en prisión de hasta tres años.
En el plano administrativo, las multas van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, con un agravante de hasta 2.000 salarios en casos de falsedad o reincidencia, además de suspensión en el registro por hasta 12 meses o inhabilitación definitiva. En el plano penal, gestionar sin inscripción o falsear información con aptitud para afectar un proceso decisorio público conlleva prisión de seis meses a dos años, y la obstrucción dolosa de la fiscalización se sanciona con multa e inhabilitación especial de uno a cuatro años.
Fuentes del oficialismo indicaron a Infobae que aceptarían modificaciones, principalmente en las sanciones penales, y que buscarán dictaminar la semana próxima. Espacios de la oposición, como Unión por la Patria y la Coalición Cívica, presentarán sus propios dictámenes.
En la previa del plenario, organizaciones como Amnistía Internacional, ACIJ, CEDES, CELS, Democracia en Red, ELA, Fundación Protestante Hora de Obrar, FOPEA, Fundar, FARN, Fundación Huésped, Poder Ciudadano y SiPreBA difundieron un documento conjunto titulado “Participación vigilada”. Allí sostuvieron que “el proyecto de ley impacta de forma directa sobre el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades”.
Señalaron que la definición de “gestión de intereses” es demasiado amplia, por lo que actividades como reunirse con legisladores o participar del debate público quedarían sujetas a supervisión estatal permanente. Advirtieron que la participación social en políticas públicas es una forma de democratización del Estado, y que equipararla con el lobby comercial la convierte en sospechosa.
Pablo Secchi, Director de Poder Ciudadano, cuestionó que el proyecto mezcle “en la misma bolsa” a quien busca un beneficio particular con quien pide una audiencia pública para mejorar una ley. “Susana Trimarco, Juan Carlos Blumberg o María Luján Rey, según este proyecto son gestores de intereses, deberían pedir permiso para intentar influir en políticas públicas, deberían registrarse como una tabacalera”, declaró. Y agregó: “Una ley que equipara a Susana Trimarco con un lobbista corporativo, no es una ley de transparencia”.
Alejandra García, presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital, afirmó que Argentina necesita una ley de lobby, pero que debe “transparentar el ejercicio del poder, no intimidar a quienes lo cuestionan; desalentar la corrupción, no criminalizar la participación democrática; regular la actividad del lobbista profesional, no colocar bajo riesgo de sanciones penales a los abogados, académicos o colegios”. Llamó a no aprobar el proyecto si mantiene su redacción actual.
Eduardo Ferreyra, Codirector Ejecutivo de ACIJ, sostuvo que “debe mirarse con fuerte sospecha y debe rechazarse toda iniciativa que, aún cuando se trata de temas como el lobby, cuya regulación es legítima, debido a su redacción es posible de ser utilizada de manera parcial y arbitraria por cualquier autoridad de turno”.
Otros puntos cuestionados por las asociaciones incluyen la exigencia de inscripción previa, que podría generar barreras burocráticas para organizaciones pequeñas; la asociación de organizaciones que reciben fondos internacionales con intereses extranjeros, facilitando estigmatización; la falta de independencia de la autoridad de aplicación; las sanciones severas que pueden ser insignificantes para grandes empresas pero impagables para ONG; y la ambigüedad en las excepciones que podría afectar la labor periodística.