Consejeros de la Magistratura vinculados al kirchnerismo expusieron un informe que concluye que la ex presidenta Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria con restricciones más severas que las aplicadas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico.
Buenos Aires, 8 junio (NA) — Los consejeros de la Magistratura Rodolfo Tailhade, César Grau, Vanesa Siley, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti presentaron hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA los resultados de un informe sobre las condiciones de detención domiciliaria de la ex presidenta Cristina Kirchner y de otras personas condenadas por delitos federales.
“Cristina Fernández de Kirchner cumple su prisión domiciliaria bajo condiciones más restrictivas que las impuestas a condenados por delitos de lesa humanidad y narcotráfico”, afirmaron los expositores. El informe señala que más de la mitad de las personas detenidas por delitos de lesa humanidad en el país no utilizan tobillera electrónica y reciben visitas sin restricciones en sus domicilios.
Tailhade sostuvo: “Cada vez estoy más convencido de que el verdadero negocio del poder era que la bala saliera. Porque no alcanza con una condena, no alcanza con la cárcel, con la proscripción, la tobillera o la restricción de visitas. Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la dirigenta más importante de nuestro país”.
La consejera Vanesa Siley presentó datos que, según su interpretación, “demuestran el carácter arbitrario y discriminatorio de las condiciones de detención impuestas a Cristina Fernández de Kirchner”. Siley indicó que en la Ciudad de Buenos Aires hay seis personas detenidas por asociación ilícita sin restricciones en materia de visitas, y que entre las personas privadas de libertad por delitos vinculados al ejercicio de la función pública, Cristina Kirchner es la única con limitaciones para recibir visitas. “Incluso si excluimos delitos graves como narcotráfico, trata de personas o lesa humanidad, Cristina sigue siendo la única persona detenida sometida a restricciones excepcionales”, declaró.
El senador Mariano Recalde afirmó que “Cristina es una presa política” y que “sufre una persecución política con dos objetivos claros: disciplinar a la dirigencia política para que no se anime a transformar la realidad e impedir la reorganización del pueblo”. Añadió que “el informe demuestra que esta decisión no tiene fundamentos jurídicos ni responde a criterios de justicia”.
La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó el funcionamiento del Poder Judicial argentino y señaló a la actual Corte Suprema como uno de los principales problemas institucionales. “La pregunta que tenemos que hacernos quienes abrazamos el derecho es si el derecho es una herramienta de liberación o un garrote corporativo”, planteó. “Tenemos que construir un diagnóstico para saber qué vamos a hacer. La administración de justicia en la Argentina no existe más. Estamos en presencia de bandas que se están disputando el Poder Judicial en la Argentina”, concluyó.