La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en último debate la Ley de la Música, que exime del IVA la compra de instrumentos musicales, software y hardware de creación sonora, crea un fondo especial para financiar proyectos del sector y establece reglas de inclusión, movilidad y derechos de autor.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó en último debate la Ley de la Música, una norma que pasa a sanción presidencial. La ley exime del IVA la compra de instrumentos musicales, software y hardware de creación sonora, crea un fondo especial para financiar proyectos del sector y fija reglas de inclusión, movilidad y derechos de autor, según informó el Ministerio de las Culturas.
La nueva legislación obliga a que los festivales financiados con recursos públicos garanticen una participación mínima del 40% de artistas emergentes y mujeres músicas, como medida de inclusión para ampliar el acceso a escenarios de gran formato.
El proyecto 373 de 2025 de la Cámara y 048 de 2024 del Senado fue construido mediante concertación entre organizaciones del sector, representantes de la industria, el Consejo Nacional de Música y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, de acuerdo con esa cartera.
La iniciativa recibió el respaldo de 29 congresistas y había sido presentada antes en 2024, aunque en ese momento no prosperó porque no alcanzó a ser debatida antes del cierre del periodo legislativo.
La exención tributaria es uno de los cambios con efecto directo para músicos, compositores, intérpretes y productores. La norma establece que quedarán exentos del IVA los instrumentos musicales y las herramientas tecnológicas destinadas a la producción sonora. Esto incluye bienes usados en composición, grabación, producción y ejecución musical, como guitarras, teclados, consolas de producción, interfaces de audio y programas de grabación y edición musical.
El eje financiero de la norma es el Fondo Especial para la Música, también descrito como Fondo Cuenta Especial del Sector de la Música. Su diseño toma como referencia el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que reinvierte recursos generados por la propia actividad económica del sector para fortalecer la producción nacional. Según los promotores, el nuevo instrumento financiará proyectos de creación, formación, circulación e investigación musical, y busca ofrecer una fuente permanente de apoyo para artistas, organizaciones culturales, festivales y procesos regionales.
El Ministerio de las Culturas señaló que el texto final recoge necesidades y desafíos de los distintos actores del ecosistema musical colombiano. Un representante del sector declaró: “Es un proyecto de ley que tiene, en esencia, unas propuestas de fortalecimiento económico para el sector. Tiene unas propuestas de participación a través del Consejo Nacional de Música. Es el resultado de un triángulo importante de actores: el sector musical colombiano, el Ministerio de las Culturas y el respaldo del Congreso de la República”.
La ley introduce reglas específicas para el transporte de instrumentos musicales en vuelos nacionales e internacionales, con el propósito de que esos equipos sean reconocidos como equipaje especial bajo condiciones definidas, para reducir dificultades logísticas y costos adicionales. También promueve mecanismos para facilitar la obtención de visas especiales para artistas y personal técnico vinculado al sector cultural.
En materia de inclusión, la obligación del 40% en festivales con recursos públicos apunta a artistas emergentes y mujeres músicas. El texto añade un capítulo dedicado a las músicas tradicionales, vivas y comunitarias, a las que reconoce como manifestaciones esenciales de los territorios y objeto de protección, fortalecimiento y divulgación.
La protección económica de autores, compositores e intérpretes aparece en el artículo 20, que establece mayores garantías y mecanismos de transparencia en la administración de los derechos de autor, tanto en la gestión individual como en la colectiva. La legislación también otorga rango legal al Simus, el Sistema de Información de la Música, que permitirá consolidar datos y estadísticas del sector para orientar políticas públicas, identificar necesidades regionales, medir el impacto de la inversión pública y definir programas de apoyo.