El Tribunal Oral Federal 2 dio por finalizada la etapa de alegatos en el juicio oral por el presunto direccionamiento en la licitación de obras de gasoductos. La jornada se vio afectada por la caída del servicio de internet en los Tribunales Federales de Comodoro Py.
La caída del sistema de internet en los Tribunales Federales de Comodoro Py complicó el inicio de la audiencia del juicio oral de la causa Odebrecht, que investiga el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos TGN y TGS.
Desde la Dirección de Tecnología se informó el corte de fibra óptica, que se pudo reparar parcialmente. Las intermitencias derivaron en la suspensión del debate en otros tribunales orales, como en el caso de los Cuadernos de la corrupción.
A pesar de las complicaciones, en Odebrecht la mayoría de las partes lograron unirse a la videoconferencia con otras redes desde afuera del edificio, incluso utilizando datos de sus servicios telefónicos personales. Los que participaron desde el tribunal debieron sortear los problemas de inestabilidad en la conexión.
Durante la jornada, la fiscalía rechazó los planteos de las defensas que pidieron la prescripción del delito atribuido por plazo razonable, considerando el tiempo transcurrido desde la apertura del expediente en 2007.
El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, dio por concluida la etapa de alegatos y anunció que en el próximo encuentro comenzarán a escucharse las últimas palabras de los imputados antes del veredicto. La fecha aún no fue definida y podría fijarse para la semana siguiente o la posterior.
El expediente surgió como una extracción de testimonio de la investigación Skanska en 2007, a partir de la sospecha de supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para las obras de ampliación en Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).
Los imputados que llegaron a juicio son el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron; el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret; y el exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat.
El fiscal Diego Luciani sostuvo que De Vido creó el marco normativo y delegó facultades en los funcionarios del área de energía con el propósito de que se confeccionara “un auténtico traje a medida de Odebrecht”. En su alegato indicó que esa reglamentación habría permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el objetivo de direccionar la contratación.
Por ello, solicitó para Julio De Vido y Daniel Cámeron 4 años de prisión por el delito de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Para Cristian Folgar y Luis Beuret requirió 3 años y 6 meses, mientras que para Julio Armando Bragulat pidió la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.
Las defensas reclamaron la absolución para todos los procesados. Los abogados coincidieron en que el proceso de contratación se realizó de acuerdo a las normas vigentes en medio de la emergencia económica y energética. El abogado de De Vido, Gabriel Palmeiro, afirmó que “la retórica fiscal estigmatizante jugaba con la palabra arquitectura de la normativa sin analizar la normativa”.
El exministro también está procesado en el primer tramo de la causa denominada Skanska, que tramita en el TOF 4, donde también está cerca de conocerse el veredicto. Ese caso, considerado el primer escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Néstor Kirchner, mantiene en el banquillo a 30 exfuncionarios y empresarios, entre ellos el exsecretario de Obras Públicas, José López. El fiscal Abel Córdoba pidió 5 años de prisión para ellos como supuestos responsables del funcionamiento de un esquema de pagos de coimas a cambio de orientar la licitación hacia la empresa de origen sueco.