Decenas de reclusos del Internado Judicial de Barinas subieron al techo del penal, quemaron colchonetas y exigieron la salida del nuevo director, a quien acusan de requisas violentas y torturas. Familiares denunciaron represión y falta de información.
Decenas de reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en los llanos occidentales de Venezuela, subieron este domingo al techo del penal en señal de protesta, quemaron colchonetas y exigieron la destitución del director recién designado, a quien acusan de someterlos a requisas violentas, aislamiento y torturas. La denuncia fue difundida por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Mientras la situación se deterioraba dentro del recinto, familiares de los reclusos intentaron impedir el ingreso de una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), sin conseguirlo. Minutos después de la entrada de los efectivos, quienes aguardaban afuera escucharon gritos y detonaciones. Según los presentes, los funcionarios lanzaron bombas lacrimógenas hacia el anexo femenino, donde más de 100 mujeres privadas de libertad comenzaron a asfixiarse por los gases. Los propios internos tuvieron que desalojarlas de sus espacios. Padres, madres, esposas y demás familiares permanecían en las inmediaciones del penal desesperados, sin más información que el humo visible desde las torres y el sonido intermitente de las detonaciones.
Según el OVP, los internos aseguran haber iniciado una manifestación pacífica que fue reprimida por personal de custodia acompañado por el nuevo director, Elvis Macuare Guerrero, quien presuntamente ordenó disparar contra la población reclusa. La organización reportó heridos sin precisar número ni gravedad. En las afueras del penal, familiares aguardaban sin información. El régimen venezolano no emitió comunicado oficial al cierre de esta edición.
La protesta de este domingo no es un episodio aislado. El 14 y 15 de mayo, familiares concentrados frente al Injuba denunciaron que se negaba el ingreso de alimentos y alertaron sobre tratos irregulares en su interior. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario respondió con una requisa calificada de “ordinaria” y anunció el nombramiento de una nueva dirección para el penal. El 16 de mayo, hombres encapuchados protagonizaron una golpiza dentro del recinto, según los familiares presentes. Unos 40 reclusos fueron trasladados a continuación a destinos desconocidos, sin que las autoridades informaran a sus allegados sobre su paradero.
El 19 de mayo, el caso del preso político Tito Livio Volcanes Dávila concentró la atención de las organizaciones de derechos humanos. Volcanes, productor agropecuario detenido en el Injuba, fue trasladado de emergencia a la Clínica Barinas con un cuadro crítico. El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela denunció que el director del penal intentó obstaculizar su atención médica. Volcanes fue excarcelado el 20 de mayo, en el marco del anuncio de la Asamblea Nacional chavista de liberar a 300 presos políticos. Esa misma información confirmó la destitución del director Robert Cabeza y el nombramiento de Macuare Guerrero.
El 21 de mayo, el OVP informó que familiares esperaban desde las 5:00 de la madrugada bajo la lluvia frente al Injuba sin recibir información sobre la visita programada. Entre abril y los primeros días de mayo, el OVP registró al menos 14 muertes bajo custodia estatal. El episodio más grave fue el motín del Centro Penitenciario Yare III, el 20 de abril, con cinco reclusos muertos. La organización denunció que el hacinamiento, la falta de atención médica y los traslados arbitrarios agravan sistemáticamente las condiciones de reclusión en todo el país.