La magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana es investigada por un rápido aumento de su patrimonio, que pasó de $651 millones en 2017 a más de $3.400 millones en 2024, según un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).
La magistrada Cristina Lombana enfrenta una investigación por un presunto incremento patrimonial injustificado, tras las conclusiones del informe elaborado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), organismo especializado en inteligencia financiera, que evidenció diferencias entre sus bienes y las declaraciones de renta desde que asumió funciones en la Corte Suprema de Justicia en 2018.
Mientras la pesquisa se enfoca en el rápido aumento de su patrimonio, Lombana rechaza las acusaciones y las atribuye a una supuesta persecución política, según reportó el Reporte Coronell, de Caracol Radio.
El informe fue solicitado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y resalta discrepancias notorias entre los bienes que reporta Lombana oficialmente y los detectados por diversas autoridades tributarias. La magistrada argumenta que el incremento patrimonial proviene de cobros de seguros, herencias y beneficios de su régimen como militar retirada.
De acuerdo con el Reporte Coronell difundido en Caracol Radio, el patrimonio de Lombana era de $651 millones en 2017. En 2018 fue de $1.018 millones y para 2024, alcanzó los $3.402 millones, quintuplicando su patrimonio desde el inicio de su ejercicio en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
La Uiaf sostiene que hay diferencias sustanciales entre el patrimonio declarado por la magistrada y los activos identificados en registros de la Dian y otras fuentes oficiales. En 2022, Lombana declaró un patrimonio de $2.469 millones, pero la revisión tributaria únicamente respaldó $596,5 millones en bienes comprobados, lo que arroja una diferencia de $1.873 millones. Entre 2022 y 2024, el promedio anual de esta diferencia patrimonial fue de $2.025 millones, dato que eleva la preocupación de la entidad especializada.
El informe de auditoría también detectó que apenas el 33% de su patrimonio está justificado por los datos reportados por terceros. En el caso de los bienes raíces, la comparación se efectuó empleando el avalúo catastral, generalmente inferior al valor comercial real. Esta diferencia es relevante para la investigación porque, al utilizar valores catastrales menores, la brecha entre lo declarado y el patrimonio real puede resultar artificialmente ampliada en los informes financieros y tributarios.
El informe de inteligencia financiera calificado explica que la magistrada aparece como titular de trece matrículas inmobiliarias ubicadas en Bogotá, Medellín, La Calera y Ricaurte. Siete de esas propiedades están inscritas directamente a su nombre y, según avalúo catastral, suman $1.142 millones; el avalúo comercial las sitúa en $2.916 millones.
En cuanto a los ingresos familiares, la Uiaf precisa que la mayoría corresponde a la propia Lombana. Su esposo, Leonardo Andrés Carvajal Velázquez, ejerce como abogado y defensor público vinculado por contrato a la Defensoría del Pueblo, y su patrimonio ha tenido variaciones desde 2018, principalmente por mecanismos de apalancamiento financiero. Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2025, los movimientos en las cuentas de Lombana sumaron $6.103 millones en depósitos y $6.007 millones en retiros.
Consultada por Caracol Radio, Lombana explicó que su patrimonio aumentó por cobros de pólizas de seguros tras atravesar un cáncer, lo que le permitió cancelar deudas e hipotecas. Detalló además que, tras un pleito judicial, recibió un apartamento de mayor valor y heredó bienes en dos ocasiones: una por la muerte de su abuela y otra tras el fallecimiento de su madre, recibiendo $20 millones compartidos con otro heredero.
Lombana agregó que, desde 2018, ahorra entre el 10% y el 30% de su salario en una cuenta AFC y que, como militar retirada, percibe al mismo tiempo una pensión por invalidez y el salario correspondiente a su cargo actual. Sostuvo que los aumentos patrimoniales podrían vincularse a actualizaciones del avalúo comercial hechas por su contadora, dirigidas a optimizar la carga tributaria en caso de eventuales transacciones inmobiliarias.
La magistrada manifestó que el informe de la Uiaf respondería a una persecución política que estaría impulsada por el ministro del Interior, Armando Benedetti. También mencionó la participación de Luis Eduardo Llinás, exdirector de la Uiaf, y de la representante a la Cámara, Gloria Elena Arizabaleta, en el desarrollo de la investigación.