Un análisis sobre la relación entre el capital humano y el desarrollo económico, en el contexto del ajuste presupuestario a universidades y ciencia en Argentina.
¿Por qué hay países ricos y países pobres? Esa pregunta guió el pensamiento económico y las ciencias sociales durante más de 250 años. Hoy, los expertos de la ONU tienen una respuesta: lo fundamental que distingue a un país rico de uno pobre no son sus recursos naturales, su cantidad de territorio o su poder militar, sino los conocimientos, la creatividad, la capacidad de trabajo e innovación de las personas que viven en él. Es decir, pesan más los cerebros de los habitantes que los barriles de petróleo a la hora de pensar qué tan rico es un país. Esto explica por qué países como Japón o Corea del Sur, con escasos recursos naturales, son más ricos que Nigeria, lleno de petróleo y gas.
Argentina hoy es el sexto país con más estudiantes universitarios por cantidad de habitantes en el mundo y primero en cantidad de científicos por cada millón de habitantes en toda América Latina. Sin embargo, en el contexto actual de ajuste presupuestario, surgen interrogantes sobre el futuro de la educación pública y la investigación científica. Durante la década de 1960, bajo la dictadura militar de Juan Carlos Onganía, las universidades fueron intervenidas y se vivió una persecución a profesores, investigadores y estudiantes, lo que provocó la llamada fuga de cerebros. César Milstein, premio Nobel de Medicina en 1984, es un símbolo de esa fuga: formado en el país, desarrolló su trabajo en el extranjero.
Hoy no hay intervención directa ni golpes de Estado, pero se observa un vaciamiento de las condiciones de posibilidad para que docentes e investigadores puedan desarrollar su labor. Según datos recientes, un docente universitario cobra, según cargo y antigüedad, entre cinco mil y diez mil pesos por hora; un científico del CONICET, entre seis mil y dieciséis mil. Estos salarios quedan lejos de los sectores privados, que pueden triplicar o quintuplicar esos ingresos, especialmente en tecnología, salud o ingeniería. La emigración de profesionales al sector privado o al exterior reduce la capacidad del país para ofrecer educación universitaria de calidad a los jóvenes que no pueden costearla.
El tema no es solo salarial: también afecta el presupuesto operativo general de las universidades, sus instalaciones, equipos y acceso a tecnología. El Gobierno sostiene un fuerte ajuste sobre la universidad y la ciencia pública, según algunos analistas, por una concepción política y filosófica. La Ley de Financiamiento Universitario aún no se aplica, y en dos años y medio se perdió un 20% del presupuesto. La pregunta que queda es cómo equilibrar el desarrollo del capital humano con las restricciones fiscales, sin repetir episodios históricos de fuga de talentos.