La Corte Suprema de Estados Unidos analiza en mayo de 2026 la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la cancelación del beneficio para miles de extranjeros. La decisión definirá si el gobierno puede dar de baja estas protecciones sin intervención judicial.
La Corte Suprema de Estados Unidos analiza este mayo de 2026 la continuidad del Estatus de Protección Temporal (TPS) tras la cancelación del beneficio para miles de extranjeros. La decisión del máximo tribunal definirá si el gobierno puede dar de baja estas protecciones sin intervención de los jueces. Esta medida busca ejecutar la promesa de la administración de terminar con los permisos temporales en todo el país.
Según informó CNN, el conflicto escaló tras demandas de beneficiarios de Haití y Siria. El debate central, ocurrido el pasado 29 de abril, giró en torno a si los tribunales federales tienen la autoridad para revisar las decisiones del Ejecutivo cuando este decide activar o desactivar las protecciones de un país. Los defensores de los inmigrantes argumentan que el gobierno no consultó debidamente a las agencias expertas sobre las condiciones de vida en las naciones de origen antes de anunciar los ceses.
Guadalupe Aguirre, subdirectora de Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP), señaló que la ley exige revisar las circunstancias de cada nación antes de tomar una determinación. Si el máximo tribunal falla a favor del gobierno en junio, las pausas judiciales quedarían sin validez. Esto permitiría que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) consuma la terminación de la protección para los grupos que todavía se mantienen bajo el amparo del programa.
El TPS resguardaba a cerca de 1,3 millones de individuos de 17 países diferentes hasta marzo de 2025. Según los datos del Congreso, el 90% de los beneficiarios son originarios de países latinoamericanos, con la mayor representación proveniente de Haití, Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Honduras. En la actualidad, las designaciones para Nicaragua y Honduras fueron eliminadas por el gobierno de Donald Trump. En cambio, la situación jurídica de El Salvador y Venezuela sigue en un limbo.
Un portavoz del DHS explicó a CNN que el programa fue concebido como una protección estrictamente temporal y no como un sistema de asilo permanente. “El T en TPS significa Temporal. Nunca fue concebido como un programa de asilo de facto”, indicó la agencia gubernamental. Por su parte, activistas como José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, instan a la comunidad a buscar una solución legislativa bipartidista. Sin embargo, reconocen que es difícil con la actual composición del Congreso.
Si el programa llega a su fin definitivo, los beneficiarios perderían sus permisos laborales y regresarían a su condición migratoria anterior, que en la mayoría de los casos es la de indocumentado. Oscar Chacón, asesor de Alianza Americas, advirtió que estas personas se volverían “arrestables y deportables”. Además, el gobierno posee información actualizada sobre sus domicilios y lugares de empleo, lo que facilita la localización por parte de las autoridades de inmigración. Ante este panorama, las organizaciones civiles recomiendan a los afectados preparar estrategias de supervivencia y asesorarse legalmente de manera individual.