Manuel Adorni es señalado por el pago de 245.000 dólares a un contratista sin factura para remodelaciones en su vivienda. La causa judicial avanza mientras el funcionario se niega a dar explicaciones.
El escándalo que rodea al Gobierno, centrado en la figura del jefe de Gabinete Manuel Adorni, suma una nueva dimensión. Este lunes se conocieron detalles sobre gastos adicionales: 245.000 dólares pagados a un contratista sin factura, quien realizó remodelaciones en la casa de Adorni ubicada en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.
La estrategia de argumentación del oficialismo, hasta ahora, no contempla que se trata de una causa judicial en la que los testigos están obligados a decir la verdad, bajo riesgo de imputación por falso testimonio. Respuestas como negar la existencia de más gastos o alegar un único viaje resultan insuficientes ante la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y el tribunal de Ariel Lijo.
El documento presentado por Matías Tabar ante la Justicia detalla las entregas de dinero realizadas por Adorni a cambio de modificaciones en el inmueble. Entre las excentricidades mencionadas se destacan la instalación de una pileta de mármol travertino y una cascada.
Más allá de lo anecdótico, el caso presenta varios niveles de complejidad. El primero es la dificultad de Adorni para dimensionar el problema. Al ser consultado sobre un viaje a Punta del Este, del que no se tiene certeza sobre su financiamiento, alegó que se trataba de una cuestión privada. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados, el legislador Rodolfo Tailhade lo increpó por el uso que su familia hace de la custodia policial de la Policía Federal Argentina. La respuesta de Adorni fue la misma: cuestiones privadas.
Sin embargo, al tratarse de recursos públicos —como la custodia policial—, ni el periodismo ni Tailhade se están inmiscuyendo en la vida privada del funcionario, sino que es él quien utiliza fondos del Estado para su beneficio personal. La confusión entre lo público y lo privado evidencia una falta de comprensión de las responsabilidades de los cargos públicos.
Además, Adorni ha evitado responder sobre las actuaciones judiciales, argumentando que no puede interferir en la investigación por respeto a la división de poderes. No obstante, el abogado constitucionalista Alejandro Carrió señaló que no existen impedimentos para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones, lo que incluso podría beneficiarlo a él, a su familia y al Gobierno.
Mientras la Justicia se expide sobre su inocencia o culpabilidad, la falta de respuestas deteriora la imagen de la administración. Hasta ahora, el oficialismo ha optado por respaldar públicamente a Adorni, como se vio durante la presentación de su informe de gestión en Diputados. Algunos analistas consideran que preservar a Adorni responde a razones políticas: no entregar una pieza clave a la oposición y evitar que Santiago Caputo asuma el cargo, como habría intentado tras la salida de Guillermo Francos.
La denuncia por enriquecimiento ilícito, que incluye la mención a una casa de fin de semana, fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, una figura que formó parte de La Libertad Avanza y ahora enfrenta al Gobierno. La política, sin embargo, no alcanza para explicar un problema que sigue sumando elementos.