El expresidente del Banco Central de Bolivia y otros tres exaltos cargos fueron detenidos por presuntas operaciones de canje de bonos infladas que ocasionaron un perjuicio de 142,3 millones de dólares al Estado. Las detenciones ocurren en medio de una crisis económica con escasez de dólares y combustible.
La Paz, Bolivia — El expresidente del Banco Central de Bolivia y otros tres exaltos funcionarios de la entidad fueron detenidos el martes, acusados de realizar operaciones de canje de bonos a precios inflados que causaron pérdidas por 142,3 millones de dólares al Estado, según informó la fiscalía anticorrupción.
Los detenidos son Edwin Rojas, exdirector del Banco Central, junto con otras tres exautoridades, quienes niegan los cargos a través de sus abogados defensores. La investigación abarca a un total de siete personas y se centra en siete operaciones de canje de deuda realizadas en junio y julio de 2024, luego de que la junta del banco modificara normas internas.
El viceministro de Transparencia, Yamil García, señaló que los registros de precios fueron alterados posteriormente mediante correos electrónicos internos para ocultar la sobrevaloración. No se especificó quién dio la orden ni quién modificó los datos.
Roger Banegas, quien fue director del Banco Central entre 2019 y 2020 y no participó en las transacciones, explicó que las operaciones buscaban canjear deuda en moneda extranjera por deuda local, pero resultaron en pérdidas al pagar precios superiores a los del mercado. Entre las contrapartes figuran el Banco Mercantil Santa Cruz, el Banco Bisa, La Vitalicia Seguros y Reaseguros y La Boliviana Ciacruz, filial de Zurich Allied AG, según declaró el fiscal anticorrupción Miguel Cardozo.
Ninguna de las instituciones respondió a solicitudes de comentarios. El Banco Central tampoco emitió un comunicado oficial. Las autoridades planean tomar declaración a ejecutivos de las entidades financieras involucradas y podrían citar al exministro de Finanzas Marcelo Montenegro.
El caso salió a la luz en una auditoría realizada por la nueva administración del Banco Central y publicada en marzo. Se realizan auditorías adicionales sobre posibles irregularidades en operaciones con la administradora estatal de fondos de pensiones Gestora Pública, incluyendo una transacción de bonos soberanos por 250 millones de dólares en 2024 y ventas a plazo de 6,6 toneladas de oro en 2025.