El proyecto de ley sobre discapacidad impulsado por el Ministerio de Salud genera controversia por posibles cambios en prestaciones y coberturas.
El nuevo proyecto de ley sobre discapacidad, impulsado por el ministro de Salud Mario Lugones, ha generado preocupación en organizaciones, prestadores y familias. De convertirse en norma, miles de personas con discapacidad podrían perder coberturas esenciales, prestaciones terapéuticas y certezas económicas que hoy sostienen tratamientos, traslados, acompañamientos y rehabilitaciones.
El punto más sensible es la eliminación del nomenclador nacional, la herramienta que fija valores mínimos y homogéneos para las prestaciones en todo el país. El proyecto ingresó al Congreso bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, una denominación que ya generó rechazo en el sector.
La iniciativa propone revisar padrones, reempadronar beneficiarios, modificar el financiamiento de prestaciones y alterar mecanismos laborales vinculados a trabajadores con discapacidad. Para las organizaciones, la narrativa del “fraude” funciona como antesala de un ajuste presupuestario.
Con la eliminación del nomenclador, los valores pasarían a negociarse entre obras sociales, prepagas y prestadores. Especialistas advierten que esto podría generar una caída de ingresos para profesionales e instituciones, el cierre de pequeños centros terapéuticos, una reducción de oferta y una segmentación en el acceso a servicios.
También preocupa el reempadronamiento obligatorio de beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez. Organizaciones del sector recuerdan que cada proceso masivo de revisión genera meses de incertidumbre y trámites engorrosos para personas con movilidad reducida o barreras burocráticas.
Frente al Ministerio de Salud se realizaron marchas masivas con familiares, trabajadores y personas con discapacidad que denunciaron “ajuste” y “abandono”. La actriz Lola Berthet y la madre de un chico autista, Valentina Bassi, expresaron su rechazo al proyecto, calificándolo como un retroceso en derechos adquiridos.