La administración de Javier Milei respondió a las acusaciones de la periodista Luciana Geuna y justificó la prohibición de ingreso a la prensa acreditada.
El conflicto entre la Casa Rosada y la prensa escaló a un nuevo nivel. El Gobierno emitió un comunicado a través de la cuenta «Oficina de Respuesta Oficial» en el que refutó punto por punto la versión de la periodista Luciana Geuna, conductora de TN, y justificó la decisión de prohibir el ingreso a todos los acreditados.
En el texto oficial, se enumeraron cinco motivos para cuestionar la metodología del equipo periodístico. Las autoridades señalaron que los cronistas grabaron con anteojos inteligentes ocultos, lo que consideraron una violación al reglamento interno. Además, recordaron que cualquier autorización para filmar debe realizarse mediante una nota escrita formal.
El Gobierno también apuntó contra el periodista Ignacio Salerno, quien admitió en vivo que «asumieron un riesgo», lo que evidenciaría que conocían las normas. Las imágenes difundidas corresponderían a áreas restringidas y no a sectores de libre tránsito, según el comunicado.
Como agravante, desde el oficialismo alertaron que Geuna presentó el segmento como «Capítulo I» y reconoció tener más material, lo que sugiere que no se trató de un hecho aislado. Para respaldar su postura, el Gobierno difundió los artículos del Reglamento Interno que los periodistas firmaron al recibir sus credenciales, donde se estipula como falta grave el registro de videos o fotografías en espacios no autorizados.
La respuesta oficial se produjo horas después de que Geuna defendiera su informe en su programa «¿Y mañana qué?», donde aseguró que avisaron previamente a los funcionarios de Prensa y que las imágenes mostraban lugares de circulación común. Sin embargo, la diputada Lilia Lemoine calificó de «mentira» la supuesta autorización.
El presidente Javier Milei replicó mensajes que denunciaban un acto de «espionaje» y exigían mantener la sala de prensa cerrada por seguridad nacional. El escándalo llegó a los tribunales de Comodoro Py, donde una denuncia penal impulsada por la Casa Militar recayó en el juzgado de Ariel Lijo, vinculando a los comunicadores con la supuesta divulgación de secretos políticos y militares.