El oficialismo encontró alivio en recientes decisiones judiciales que reavivan causas contra el kirchnerismo, mientras enfrenta desafíos internos y de imagen pública.
El Gobierno argentino celebró una serie de fallos judiciales que volvieron a poner en la agenda pública casos de corrupción vinculados a gestiones anteriores. Entre las decisiones más destacadas se encuentra la confirmación del decomiso de bienes de la expresidenta Cristina Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia por parte de la Cámara de Casación. Asimismo, se conocieron avances en investigaciones sobre supuestas maniobras cambiarias durante el gobierno de Alberto Fernández, y se ratificó el procesamiento del exministro Julio De Vido por enriquecimiento ilícito.
En otro orden, la Corte Suprema intervendrá en el conflicto judicial en Santa Cruz, donde jueces vinculados al kirchnerismo habrían obstaculizado la ampliación del Tribunal Superior provincial. Además, la Cámara Nacional del Trabajo dejó sin efecto la suspensión de 82 artículos de la ley de modernización laboral, y el juez Daniel Rafecas cerró la causa contra Manuel Adorni por presunta malversación de fondos.
Sin embargo, la confianza en el Poder Judicial sigue siendo baja. Una encuesta del Colegio Público de la Abogacía porteño y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia reveló que casi ocho de cada diez abogados han presenciado casos de mal desempeño judicial, y tres cuartas partes consideran que los procesos son lentos.
En Santiago del Estero, la rápida actuación del juez Sebastián Argibay al desestimar un pedido de detención contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, generó controversia. La decisión fue vista como una maniobra para favorecer a los imputados, dado que Toviggino habría adquirido una propiedad a la hija del magistrado a un valor inferior al de mercado. La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán también fue señalada por su presunta ayuda en este proceso.
La designación de Mariano Mahiques al frente del Ministerio de Justicia responde, según fuentes oficiales, a la necesidad de resolver los problemas judiciales que enfrenta el presidente Javier Milei, en un contexto de luchas internas y caída de su imagen positiva.