Un informe detalla cómo el gobierno estadounidense compra datos personales a intermediarios comerciales y utiliza inteligencia artificial para analizar información sensible de los ciudadanos, eludiendo restricciones legales.
Un sábado por la mañana, al dirigirse a la ferretería, las cámaras Ring de los vecinos filman el trayecto hacia el auto. Los sensores, cámaras y micrófonos del vehículo registran velocidad, conducción, destino, acompañantes, conversaciones y métricas biológicas como expresión facial, peso y frecuencia cardíaca. El auto también puede recopilar mensajes de texto y contactos del smartphone conectado. Mientras tanto, el teléfono detecta comunicaciones, información de salud, aplicaciones en uso y rastrea la ubicación mediante antenas de telefonía celular, GPS, WiFi y Bluetooth. Al ingresar a la ferretería, las cámaras de vigilancia identifican el rostro y siguen los movimientos. Si se usa Apple Pay o Google Pay, el teléfono registra la compra y el monto. Todos estos datos se vuelven disponibles comercialmente, comprados y vendidos por intermediarios. Agregados y analizados por inteligencia artificial, revelan información detallada que puede predecir y manipular el comportamiento.
Las empresas recopilan datos de la mayoría de las actividades de forma unilateral. Este “capitalismo de vigilancia” no suele estar relacionado con los servicios que brindan los fabricantes de dispositivos, aplicaciones y tiendas. Por ejemplo, Tinder planea usar IA para escanear la galería de fotos. Y, pese a las promesas, “darse de baja” no detiene realmente la recolección de datos. El gobierno de Estados Unidos, a diferencia de las empresas, puede llevar a prisión y actualmente compra enormes cantidades de información a intermediarios de datos comerciales, ya que esa información no está sujeta a las mismas restricciones que la recopilada directamente. El gobierno federal también aumenta su capacidad de recopilación directa mediante asociaciones con empresas tecnológicas privadas.
El presupuesto del Congreso impulsa inversiones en tecnología de vigilancia y análisis de datos basados en IA. La ley fiscal y de gasto de 2025 otorgó al Departamento de Seguridad Nacional un presupuesto anual de US$165.000 millones. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas recibió unos US$86.000 millones. Documentos presuntamente hackeados revelan una vasta red de vigilancia. El organismo financia compañías que desarrollan vigilancia automatizada en aeropuertos, dispositivos para convertir teléfonos de agentes en escáneres biométricos y una plataforma de IA que recopila datos de llamadas al 911 para crear mapas geoespaciales predictivos. También ha gastado millones en software que detecta sentimientos y emociones en publicaciones online. Empresas como Google, Reddit, Discord y Meta podrían haber enviado datos identificatorios en respuesta a citaciones del organismo.
El marco de política nacional sobre inteligencia artificial de la administración Trump, publicado el 20 de marzo de 2026, insta al Congreso a usar subsidios e incentivos fiscales para financiar un despliegue más amplio de herramientas de IA en la industria estadounidense, y a permitir que empresas y universidades utilicen bases de datos federales para entrenar IA. El uso de estos datos genera preocupaciones legales sobre la privacidad, ya que contienen detalles sensibles de toda la vida de una persona.