Ante la baja en la recaudación, la administración nacional implementará un nuevo esquema de adelantos a demanda, con un tope de 400 mil millones de pesos, para asistir financieramente a las jurisdicciones.
En un contexto de tensión financiera en las provincias, derivada de la caída en la recaudación y la consecuente baja de la coparticipación, el Gobierno Nacional resolvió modificar el mecanismo de envío de anticipos a las gobernaciones. A partir de ahora, los adelantos se realizarán bajo un sistema «a demanda».
Según informaron fuentes gubernamentales, en lugar de que los gobernadores soliciten individualmente adelantos cada mes, serán las provincias las que indicarán sus necesidades mensuales, con un límite máximo de 400 mil millones de pesos. Este monto se determinará «según un estudio del estado y situación de cada provincia».
El objetivo de esta medida, según las mismas fuentes, es flexibilizar la asistencia financiera para evitar que las provincias recurran a tomar deuda en el mercado. «Estamos hablando de la propia plata de las provincias que tienen por coparticipación y que tendrán que devolver este mismo año», explicaron. Añadieron que de esta forma «se evita que las provincias salgan al mercado para afrontar sus desafíos y corran el riesgo de endeudarse con intereses del 30% y 45% aproximadamente».
El Gobierno ofrecería esta posibilidad cobrando un interés del 15%, cifra significativamente menor a la del mercado. Esta decisión se enmarca en conversaciones iniciadas hace dos semanas entre gobernadores y funcionarios nacionales para «blindar» a las provincias ante el actual contexto fiscal.
El año pasado, el ministro de Economía, Luis Caputo, había flexibilizado las autorizaciones para que las provincias accedieran a mercados internacionales voluntarios, una opción que en su momento se les «aconsejaba» desde la Casa Rosada.
El nuevo mecanismo de anticipo incluye a las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Un esquema similar también fue avalado por el Gobierno para la provincia de Entre Ríos durante el mes de enero.