Un análisis de los indicadores económicos previos al conflicto bélico muestra un escenario de alta inflación, recesión industrial y déficit fiscal.
La Guerra de Malvinas se inició el 2 de abril de 1982 en un contexto de profunda crisis económica en Argentina. Según datos del Banco Central y registros de la época, el país enfrentaba altos niveles de inflación, un significativo déficit fiscal y una marcada caída de la actividad industrial.
En los días previos al conflicto, se estimaba un déficit fiscal de $19,3 billones. La inflación anual al consumidor alcanzaba el 209,7% en 1981 y se aceleró a 256,2% en 1982, mientras que los precios mayoristas subieron un 311,3% ese mismo año. Este escenario estuvo acompañado por dificultades de financiamiento y tensiones monetarias.
El sector industrial evidenció una fuerte contracción. La actividad manufacturera cayó un 16% en 1981 y un 4,8% en 1982, con retrocesos particularmente pronunciados en maquinaria vial, agrícola y bienes de consumo durables. Esta situación impactó en el empleo y en el poder adquisitivo: mientras el salario nominal industrial aumentó, el salario real cayó de 106,4 a 91,2 entre 1981 y 1982.
La historiadora Catalina Cabana analizó el peso de la variable económica en la decisión del gobierno militar de iniciar el conflicto. «La economía era como siempre una variable, pero no era lo que estaba complicando más al gobierno. No es que toman la decisión de la guerra por una cuestión económica», explicó. Cabana destacó el clima social de los días previos, marcado por movilizaciones sindicales y reclamos por la apertura de elecciones.
Por su parte, el historiador Sergio Wischñevsky vinculó el deterioro económico con la creciente conflictividad social. «Había una lluvia de importaciones que derivó en el cierre masivo de industrias y una enorme desocupación», afirmó, y agregó que «la dictadura ya no logró tener un plan económico que le diera estabilidad y la inflación se había disparado». La movilización del 30 de marzo de 1982, convocada por la CGT, fue señalada como un punto de quiebre en la relación entre el régimen militar y la sociedad.
A nivel estructural, se describe que la economía de las Islas Malvinas en ese período dependía principalmente de la producción ovina, con expectativas de desarrollo vinculadas a la eventual explotación de recursos petroleros.