Una causa judicial indaga la sustracción y uso irregular de anestésicos hospitalarios, tras el hallazgo de medicamentos del nosocomio en el domicilio del profesional fallecido.
El viernes 20 de febrero, personal policial y del SAME halló sin vida al anestesista Alejandro Zalazar en su departamento de Palermo. La escena inicial no presentaba signos de violencia, pero junto al cuerpo se encontró una vía conectada y elementos para inyecciones.
Tres días después, el 23 de febrero, se inició una causa judicial por el robo de propofol en el Hospital Italiano de Buenos Aires. La investigación se abrió a partir de denuncias que alertaron sobre el acceso irregular, la sustracción y el consumo de medicamentos anestésicos de uso exclusivamente hospitalario fuera de todo protocolo médico.
Según consta en los escritos judiciales, la primera alerta provino de la familia de Zalazar, quien por su profesión tenía acceso a ese tipo de fármacos. La trazabilidad de los medicamentos hallados en su domicilio permitió establecer que pertenecían al circuito interno del Hospital Italiano.
La investigación no se centra únicamente en el faltante, sino en el contexto de uso. Las denuncias describen que los anestésicos eran consumidos «fuera del acto médico, sin indicación clínica, sin monitoreo y en ámbitos ajenos a cualquier práctica asistencial», lo que implica un «riesgo cierto para la vida».
El expediente también hace referencia a la posible participación de médicos en formación, mencionando episodios que involucrarían a residentes, y señala la necesidad de analizar el contexto teniendo en cuenta la «asimetría jerárquica» dentro del sistema de salud.
La causa, radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, apunta a dos profesionales del servicio de Anestesia del hospital: Hernán Boveri, anestesiólogo de planta, y Delfina Lanusse, residente de tercer año. La investigación indaga sus roles y el acceso a los medicamentos, aunque por el momento no se los considera narcotraficantes en el sentido penal clásico.
El 12 de marzo se ordenaron tres allanamientos a cargo de la División de Organizaciones Criminales de la policía de la Ciudad, con resultados positivos. Se investiga una presunta administración fraudulenta en perjuicio del Hospital Italiano, con hechos que se habrían extendido desde 2023 hasta mediados de febrero de 2026. Se dispuso la prohibición de contacto entre los imputados y la prohibición de salida del país. Ambos fueron indagados.