La Justicia decretó la quiebra de Garbarino, dando así por finalizado su proceso de salvataje, en el que la histórica cadena de electrodomésticos no logró renegociar la deuda con sus acreedores ni conseguir un comprador.
Así, este miércoles, el Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, a cargo del Fernando D’Alessandro, ordenó la liquidación final de la compañía, inmersa en una crisis desde hace, al menos, cinco años.
El juez fundamentó su decisión en la inexistencia de condiciones para continuar adelante con el concurso de acreedores, iniciado en noviembre de 2021.
También decretó mantener la inhibición general de los bienes, por lo que la sindicatura iniciará una etapa de detección de activos próximos a liquidar, salvo que en este período surjan interesados en quedarse con ellos y la marca. A su vez, resolvió inhabilitar la explotación del comercio y proceder al cierre de las cuentas bancarias, y les sostuvo a los ejecutivos la prohibición de salir del país sin autorización del tribunal.
De esta manera, desaparece la emblemática compañía, tras varios intentos fallidos por reactivar la que llegó a ser la principal casa de venta de electrodomésticos y electrónica del país, fundada por los hermanos Daniel y Omar Garbarino en 1951 y que desde junio de 2020 pertenece al empresario Carlos Rosales, en ese entonces dueño de la aseguradora Prof y protesorero del club de fútbol San Lorenzo. También ese año compró Radio Continental, que vendió a comienzos de 2025.
Garbarino llegó a tener más de 200 sucursales y 4.500 empleados. Ahora, con apenas 20 trabajadores, solo tenía operativos tres locales: el de la Avenida Cabildo, casi llegando a Juramento en el barrio porteño de Belgrano; el de la calle Uruguay, frente a Tribunales; y un outlet en Almagro. En los últimos días, liquidaron parte del stock que les quedó.
Según el último informe del síndico, en enero tuvo ventas por solo $ 1.769.581,45. Al 31 de enero, el inventario representaba 1.597 unidades, de las cuales varias son “mercadería obsoleta y deteriorada con poco valor, que, por su antigüedad, no es la buscada por el público”, detalla.
Hace tiempo también dejó de funcionar el centro logístico de La Tablada, donde trabajaban alrededor de 200 empleados adheridos al Sindicato de Camioneros. Solo quedó en funcionamiento un depósito en Garín, de 2.500 metros cuadrados.
Luego de años en los que se frustraron las negociaciones con interesados en sumarse como posibles inversores –entre ellos, el fondo Inverlat, dueño de Havanna–, en agosto la Justicia le había dado cinco días a Garbarino para que encuentre un potencial comprador.
Fue parte del proceso que se conoce como cramdown. De lo contrario, decretaría otra vez su quiebra. Ya lo había hecho en abril pasado, pero la empresa logró levantarla, depositando parte de la deuda reclamada por los acreedores. También la propia Garbarino se había anotado para participar del proceso, pero al final no hizo ninguna presentación.
La única Sociedad que se inscribió en el “registro de interesados en la adquisición de las acciones de la concursada y en la formulación de propuestas de acuerdo preventivo” fue Vlinder, que finalmente nunca presentó una propuesta formal de reestructuración.
El mismo criterio se aplicó para Compumundo, que no recibió interesados. Garbarino ya había intentado rematar la cadena de venta de artículos de informática en 2021, pero no se presentó nadie para quedarse con el 51% de su paquete accionario. Tenía previsto realizar en aquel momento una subasta con la que esperaba recaudar, al menos, $58 millones.
Asimismo, en julio del año pasado, la Justicia decretó la quiebra de Garbarino Viajes, el vertical de turismo que Rosales también compró en 2020, cuando se quedó con otros negocios del grupo, como la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego, que están paralizadas y tampoco se pudieron vender, en el intento de conseguir fondos frescos, por lo que entran en la lista de bienes que la Justicia liquidará.
Hasta el 24 de junio, los acreedores tendrán tiempo para presentar sus planteos en el marco de la determinación final del pasivo de la quiebra, proceso que involucra a bancos, proveedores comerciales y exempleados.