– Hay muchas discusiones de coyuntura generadas por el proyecto de reforma laboral que tuvo media sanción en el Senado. Circulan muy buenos argumentos en contra de un proyecto que es regresivo y reaccionario de punta a punta. Más que una reforma, es un revanchismo de clase.
– Pero hay una dimensión histórica que conviene recuperar para entender lo que está en disputa. Porque a veces, para ver con mayor nitidez el presente, hay que mirar el pasado no como una postal, sino como método. Y lo que se discute cuando se habla de reforma laboral —de “modernización”, de “competitividad”, de “costos”, de “rigideces”— no son solo tecnicismos: es el lugar de los trabajadores y las trabajadoras en la sociedad. Se quiere legalizar un estatus de “ciudadanos de segunda” para quienes trabajan. En cierta medida, para el capital, los trabajadores ya lo somos. El trabajador es, esencialmente, el portador de la mercancía más preciada: la fuerza de trabajo. Y fuera de eso, no es mucho más. El proyecto de reforma lo dice abiertamente: queremos que el trabajo sea una mercancía o vuelva a ser una mercancía.
– Sin embargo, las luchas históricas, la organización, las rebeliones, los combates (de la Patagonia Rebelde al Cordobazo), el componente histórico-moral de la autopercepción de la clase trabajadora, hizo que se transformara en un sujeto de derechos, la convirtió en un actor político. Impuso que se le reconozca alguna forma de “ciudadanía social” plasmada en las leyes laborales, algunas con rango constitucional.
– Está bien, este reconocimiento tenía el objetivo de moderar sus aspiraciones, de regimentar sus organizaciones, de incorporarla para contenerla y de contenerla para incorporarla. En las últimas décadas su potencial se ha debilitado o ha mutado y la clase trabajadora se fragmentó, pero sigue teniendo peso social decisivo y estratégico.
– Si uno quisiera buscar un punto de partida, un documento inicial que registre la emergencia de la “cuestión social” y en el corazón de ella, cuestión obrera como problema nacional, aparece un nombre inevitable: Juan Bialet Massé. Su gran investigación sobre el estado de las clases obreras en la Argentina —a comienzos del siglo XX— no fue una pieza literaria: fue un informe que, con lenguaje directo y mirada en el terreno, puso sobre la mesa la materialidad del trabajo, sus ritmos, sus peligros, sus salarios, sus jornadas interminables, su precariedad.
– Esa investigación (encargada por el Estado) fue a la vez una descripción profunda y una advertencia inquietante. Ahí había un gran “problema social” y una clase peligrosa.
– Luego, con el siglo XX ya avanzado, la Argentina construyó una arquitectura social particular para encuadrar este “problema”. Muchos investigadores analizaron esa trama: un sindicalismo que pasa a ocupar un lugar central en una especie “ciudadanía social” donde el trabajador ya no es apenas un individuo que vende fuerza de trabajo, sino un sujeto al que el Estado necesita integrar. Integrar para estabilizar. Integrar para gobernar. Integrar para contener. En esa ecuación, el reconocimiento y la contención fueron de la mano.
– En ese punto, Daniel James aportó una clave: esa integración no eliminó el conflicto, lo reconfiguró. Lo que cambió no fue la existencia de antagonismo, sino su forma. Cuando las mediaciones se tensan, cuando la economía deja de permitir concesiones, cuando el pacto social entra en crisis, el movimiento obrero puede vuelve a polarizar su experiencia: las conducciones pueden ser vividas como refugio o como obstáculo; como protección o como bloqueo; como defensa real o como administración de la derrota. Y esa ambivalencia es política. Depende de la relación entre la base y la conducción, entre el lugar de trabajo y la mesa de negociación, entre el sindicato como herramienta y el sindicato como aparato. Esta semana, quedó bastante claro el lugar de la CGT en todo esto.
– Con esa historia en mente que todavía modela a la Argentina actual, pese a las muchas transformaciones, la pregunta que se abre frente a la reforma laboral del mileísmo no es menor, ni meramente legislativa. Es una pregunta de época: ¿la derecha de Javier Milei se propone expulsar a todo movimiento obrero de los restos de “ciudadanía social”? ¿Pretende recortar, hasta vaciarlo, el estatuto que convirtió a los trabajadores para transformarlo en una suma de individuos aislados, negociando condiciones en un mercado asimétrico, con menos herramientas colectivas, con menos capacidad de presión, con menos derechos? ¿Pretende desarmar toda una sociedad con una ley para transformarla en una sumatoria de individuos? ¿Pretende lograr lo que no lograron ni Thatcher ni la dictadura?
– Hay que decirlo con claridad: despojar a todos trabajadores y trabajadoras de lo que le quedan de derechos no es un trámite legal o parlamentario. Es una provocación histórica. Porque no se trata solo de bajar costos: se trata de desarmar una tradición de organización que, con todas sus contradicciones, fue un factor con poder de veto y, eventualmente, de avances. Y que se trasladó, incluso, a los trabajadores desocupados.
– El mileísmo no inventó esa pólvora. Lo que pretende es un salto de escala: convertir en norma lo que en muchos sectores ya existe de hecho. Precariedad, tercerización, monotributismo, jornadas difusas, disponibilidad total, ritmos de trabajo que devoran la vida. Lo que se busca es legalizar la intemperie. Que la excepción se vuelva regla. Que el desgaste cotidiano sea marco jurídico. Y eso —si avanza— no va a eliminar el conflicto: lo va a trasladar a otro terreno.
– El debate sobre la presunta violencia en el Congreso (una sensibilidad que fue transversal en el periodismo: desde la derecha al progresismo le dedicaron horas y horas a algunas piedras) a mí me parece sorprendente: lo que asombra es la escasa violencia, pero no porque uno la milite, la impulse o la desee, sino porque ellos la provocan. Un día los senadores votan quitarle el futuro a la juventud y al otro día votan meterlos en cana desde los 14 años ¿qué respuesta esperan?
– Porque si el objetivo de la reforma avanza, no desaparece el movimiento obrero. Puede fragmentarse, sí. Puede replegarse, también. Puede entrar en una etapa defensiva, con derrotas parciales. Pero también puede recomponerse por abajo, con nuevas referencias, con nuevos métodos, con formas de organización que nacen precisamente cuando se cierran los canales tradicionales. La historia argentina está llena de estos momentos en los que la institucionalidad quiso apagar la chispa, quiso clausurar el conflicto y terminó acumulando combustible.
– Entonces, la pregunta de fondo no es solo si la reforma pasa o no pasa. Es qué inaugura. Porque aprobar una ley es un acto; aplicarla es una lucha. Aplicarla supone disciplinar lugares de trabajo, reconfigurar convenios, administrar conflictos, quebrar resistencias, contener respuestas. En ese tránsito, puede emerger una nueva etapa. Y ahí se verá si el país real —el de salarios que se licuan, el de despidos, el de cierres, el de informalidad masiva— acepta la idea de que el futuro sea una vuelta al pasado.
Por eso conviene recuperar la historia: no para recitarla, sino para entender su lógica. La pregunta hoy es si se intenta otra cosa: contener expulsando.
Porque si la modernización es volver al país de Bialet Massé —pero con celulares, apps y contratos “flexibles”— entonces no es modernización: es restauración. Y las restauraciones, en Argentina, nunca fueron un trámite tranquilo.