En medio del avance del contrabando y de las ventas informales en plataformas digitales, se presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca actualizar el marco regulatorio del comercio electrónico, con un fuerte énfasis en el control de las plataformas y en la trazabilidad de los productos que se comercializan, en especial de los bienes importados. Las cámaras empresarias observan positivamente el debate de esta iniciativa, al considerar que constituye un paso adelante contra la competencia desleal.
La propuesta presentada por los diputados de Unión por la Patria, Guillermo Michel y Raquel “Kelly” Olmos, apunta a cerrar vacíos normativos de la Ley de Defensa del Consumidor frente al crecimiento del e-commerce. Además, endurece la responsabilidad de los marketplaces, que pasarán a responder de manera solidaria con los vendedores ante incumplimientos contractuales, infracciones comerciales, irregularidades aduaneras y, en ciertos casos, por tributos aduaneros impagos si habilitaron ventas irregulares.
De esta manera, el proyecto les exige mayor responsabilidad a las plataformas, que, si la legislación se aprueba, pasarán a estar obligadas a verificar la identidad, la situación fiscal y el domicilio legal de los vendedores, además de garantizar que cada publicación cuente con información clara y completa: precio final, costos adicionales, condiciones de entrega, garantía y medios de pago.
En el caso de que vendan productos importados, les exige solicitar y conservar documentación que acredite el legítimo ingreso de la mercadería al país, incluyendo datos del despacho de importación o documentación aduanera habilitante. Si esa información no está disponible, la operación directamente no podrá concretarse.
La autoridad de aplicación será la Secretaría de Industria y Comercio, con facultades para aplicar sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor, el régimen de Lealtad Comercial y el Código Aduanero.
La mirada de las cámaras empresarias
“Es muy bienvenido este proyecto de ley porque era hora de empezar a poner ciertos límites a todas las plataformas digitales que compiten de manera desleal con el comerciante de proximidad, que es el que tributa y genera empleo”, enfatizó Fabián Hryniewicz, director de la Comisión de Fronteras e Ilegalidad de CAME, en diálogo con Ámbito.
Rápidamente, también recogió el guante Natalio Mario Grinman, titular de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), quien afirmó que se “valora” toda iniciativa que tenga como objetivo combatir la informalidad, la competencia desleal y el ingreso irregular de mercaderías al país, ya que afectan directamente a las empresas que operan dentro del marco legal, al empleo formal y a la recaudación del Estado.
La CAC y la CAME vienen alertando sobre el crecimiento del comercio ilegal y de los circuitos de comercialización que eluden controles aduaneros, fiscales y sanitarios, tal como ya lo hizo Ámbito.
En esa línea, Grinman destacó las políticas oficialistas de “apertura comercial”, “desregulación” y “modernización del comercio”, a las que consideró “herramientas positivas” para el desarrollo económico, aunque hizo una salvedad: “cuando se dan en un marco de legalidad, transparencia y reglas claras para todos los actores”.
“El libre comercio no puede confundirse con la tolerancia a prácticas ilegales que perjudican la competencia y desalientan la inversión”, apuntó el titular de la entidad.
Si bien Hryniewicz también valora las desregulaciones, consideró que “hay normativas que no pueden quedar al libre albedrío”, como la importación de mercadería, sobre todo de ropa usada, que pone en riesgo tanto a la industria nacional y al comercio, como a la salud pública, ya que no existe una forma de determinar si cumple con los requisitos para la comercialización que sí cumplen las empresas que fabrican en la Argentina. “El volumen que se está importando es realmente alarmante”, sentenció.
“Es necesario dar una discusión seria y equilibrada sobre los mecanismos más eficaces para enfrentar la comercialización de mercadería ingresada de manera irregular, incluyendo el rol de las plataformas digitales, que hoy forman parte central del ecosistema comercial, evitando regulaciones innecesarias que afecten la innovación y el dinamismo del sector”, consideró Grinman.
Además, Hryniewicz resaltó que desde CAME intentarán que “este proyecto no se limite a la defensa del consumidor y de nuestro sector”, tanto el comercial como el industrial, sólo en el rubro de prendas de vestir, sino que se amplíe también a ferretería, electricidad y electrónica, entre otros.
“Desde la CAC reiteramos nuestra disposición a colaborar con las autoridades y con todos los sectores involucrados para promover la formalidad, fortalecer un comercio transparente y competitivo, y generar condiciones que favorezcan la inversión, el empleo y el crecimiento sostenido de la economía”, concluyó Grinman.