Finalmente, a casi cinco meses de la primera denuncia de muertes en un hospital tras la administración de fentanilo contaminado con bacterias y luego de algunas demoras en los plazos porque distintos involucrados sumaron elementos a sus declaraciones, la Justicia Federal definió la situación procesal de los 17 imputados en la causa en la que se investiga el fallecimiento de 96 personas y perjuicios en la salud de otra treintena de pacientes críticos, en cinco provincias del país. Si bien la Justicia decidió dictar falta de mérito para cuatro de esas personas, las 13 restantes quedaron formalmente procesadas; seis de ellas, con prisión preventiva.
El más complicado en la causa era sin dudas el extrovertido empresario Ariel García Furfaro, detenido hace más de un mes, dueño de HLB y Ramallo, los laboratorios de los que salieron las más de 300.000 ampollas de fentanilo contaminado. Y de hecho, el juez Ernesto Kreplak –a cargo de la investigación que desde mayo tramita en el Juzgado Federal Nº3 de La Plata– procesó y convirtió en prisión preventiva su detención. Además, mantuvo la inhibición de sus bienes y trabar el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de un billón de pesos ($ 1.000.000.000.000), como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles y/o penales.
El juez consideró a García Furfaro «coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales que resultó en la muerte de al menos 20 personas, en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor». Según fuentes de la investigación, de ser considerarse culpable -luego del juicio correspondiente, desde ya-, la pena que le podría caer oscilaría entre 10 y 25 años de cárcel.
Las mismas medidas (procesamiento y prisión preventiva, más inhibición de bienes, pero un embargo de hasta $ 500.000.000.000) fueron tomadas para uno de sus hermanos, Diego Hernán García, y para la madre de García Furfaro, Nilda, quien hasta ahora estaba con prisión domiciliaria. Nilda es accionista del 10% de HLB, laboratorio ubicado en San Isidro, provincia de Buenos Aires, cuya usina de producción estaba tercerizada a otra empresa de García Furfaro, Laboratorios Ramallo, situado en la localidad homónima.
El juez Kreplak benefició, en cambio, a Damián García Furfaro, el otro hermano hasta ahora detenido. Le dictó la falta de mérito y ordenó su inmediata libertad, pero le prohibió salir del país.
A pesar de la falta de mérito, determinó «su prohibición de salida del país y su inhibición general de bienes y disponer la prohibición de contacto con los demás imputados así como con testigos de la causa y su comparecencia mensual ante la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Tres de Febrero de la Policía Federal Argentina sita en calle Bonifacini 4765, Caseros, Prov. de Bs. As».
En la misma dirección, Kreplak dictó la falta de mérito para el accionista y presidente de Laboratorios Ramallo S.A, Horacio Antonio Tallarico; el accionista y director suplente de la misma firma, Rodolfo Antonio Labrusciano; y el director técnico farmacéutico ese laboratorio, Víctor Pablo Boccaccio. Todos tienen los bienes inhibidos, prohibición de salir del país, prohibición de tomar contacto con otros imputados y testigos de la causa, y deben comparecer ante la Policía mensualmente.
En la otra vereda, las mismas medidas que el juez había dispuesto para Diego García y su madre Nilda van para Javier Tchukrán, director de Manufactura de HLB y director general de Ramallo: procesamiento y prisión preventiva, más inhibición de bienes y embargo de $ 500.000.000.000. En tanto, si bien a José Antonio Maiorano -director técnico de HLB- y a Carolina Ansaldi -directora técnica de Ramallo- les recayeron las mismas disposiciones, se le impuso un embargo menor, hasta cubrir los $100.000.000.000 cada uno.
Fentanilo: procesados sin prisión preventiva
Entre los restantes empleados de Laboratorios Ramallo que estaban imputados, la Justicia decidió procesar a algunos y, como se dijo arriba, liberar a otros. Entre los primeros está la gerenta de Gestión de Calidad, María Victoria García. Si bien no deberá ir a prisión, no podrá salir del país, tendrá los bienes inhibidos y un embargo de hasta $ 50.000.000.000, «como garantía de sus eventuales responsabilidades civiles».
La misma suerte corre para Wilson Pons, jefe de Control de Calidad de esa planta. En cuanto a Adriana Iudica, subjefa de Control de Calidad de Ramallo, aunque le corren las mismas medidas que a los demás (sin prisión preventiva, pero procesada), le recayó un embargo más grande, de $ 100.000.000.000.
Un cero menos tienen los embargos que les tocaron a Arzolidys Dayana Astudillo Bolivar, jefa de Garantía de Calidad, y a Rocío del Cielo Garay, supervisora de Fisicoquímica-Control de Calidad. Ambas trabajaban en Ramallo y ambas quedaron procesadas, aunque no irán a la cárcel en esta instancia.
Los últimos dos procesados (excarcelados por ahora) son Edgardo Gerardo Antonio Sclafani, gerente de Producción; y Eduardo Darchuk, jefe de Producción de Soluciones Parenterales de Pequeño Volumen, ambos de Ramallo y con un embargo de $ 50.000.000.000.
De estas historias, es particular el caso de la ingeniera química Adriana Iúdica, personaje clave en las novedades recientes de la causa. Su firma consignó que se cumplieron los protocolos de análisis microbiológico de los dos lotes contaminados, el 31.244 y el famoso 31.202, cada uno, con unas 155.000 ampollas. Del primero no se usó ninguna. Del segundo, cerca de un tercio llegaron a los catéteres conectados a pacientes.
En los últimos días, Iúdica se llevó buena parte de la atención sobre porque, según consignó Infobae, ella misma admitió en un escrito haber recibido un “falso positivo” en una de las muestras del lote 31.202. Aunque luego habría pedido una contramuestra, por alguna razón no se la entregaron. Según esta misma información, la mujer no habría impulsado el rechequeo de la esterilidad del lote, que finalmente llegó a pacientes. En sus declaraciones, dos de los imputados habrían señalado a la mujer por haberse olvidado o desestimado el rechequeo.
Fentanilo contaminado: días de definiciones
Es cierto que los plazos judiciales suelen ser mayores de lo que uno imaginaría y que la instancia de definición del llamado “auto de procesamiento” para cada imputado no es más que el inicio formal de un proceso que sin dudas puede ser largo, en especial si uno abre la solapa “rol de la ANMAT”, organismo que debe controlar los laboratorios en el país, y del que muchos cuestionan por qué no clausuró estas firmas, si había emitido numerosas advertencias por las malas prácticas fabricación denunciadas.
Sus directivas Agustina Bisio (directora del organismo, aunque el Gobierno no la considera «firme»), y Gabriela Mantecón Fumado, recientemente desplazada del rol de directora del Instituto Nacional de Medicamentos (que depende de la ANMAT) prestaron declaraciones en la causa, pero terminaron con los teléfonos incautados por el juez y en una situación incómoda, en especial después de que el Ministerio Público Fiscal le pidiera al juez Kreplak retirar al Ministerio de Salud -cartera que maneja Mario Lugones- de su rol de querellante en la causa.
Viendo el medio vaso lleno, desde el día uno se sabía que la investigación de las muertes por fentanilo sería especialmente complicada, de modo que el avance en la definición procesal de los imputados (o de la primera tanda de imputados, ya que el juez podría sumar más de acá en más) no es menor.
Hay quienes creían que definir presuntos responsables sería una tarea prácticamente imposible, pero los 13 procesamientos de este jueves muestran que no era así, más cuando el Instituto Malbrán, laboratorio de referencia nacional que viene teniendo un rol primordial en el apoyo técnico al equipo de investigación, emitió informes de los documentos de los laboratorios (batch records) donde son elocuentes las observaciones a las deficientes prácticas de manufactura de HLB y Ramallo. Deficientes al borde de lo informal, declararon a medios como Clarín y en reserva ex empleados de esas plantas farmacéuticas.
No obstante (mirando el escenario al revés), sigue siendo pantanoso el terreno de lo que luego, una vez usadas las ampollas deficientes en personas, pasó con la salud de los pacientes: casi todos los que recibieron fentanilo contaminado estaban previamente enfermos (la mayoría, de gravedad). De los 127 que se sabe que recibieron fentanilo contaminado, se investigan 96 muertes. Ahora bien, ¿cuántos de esos murieron “con” y cuántos “por” las bacterias infiltradas en el fármaco de HLB-Ramallo?
Fentanilo: las familias que buscan Justicia
Si iba a haber mojones imponentes en este proceso, este es uno de ellos. Especialmente para las familias de las víctimas (fallecidas y sobrevivientes), que vienen intentando agruparse y juntar esfuerzos. A pesar de las distancias geográfica, social y emocional, los une un daño parecido y un reclamo común.
Hace poco celebraron que el Congreso acordara la conformación de una comisión investigadora por la causa del fentanilo contaminado y de hecho este martes tendrán una primera reunión con los legisladores, muchos de los cuales tuvieron un rol cuestionador hacia Ariel García Furfaro y sus vínculos con el gobierno de Alberto Fernández, en el momento en que HLB se quiso postular como “gestor” local de la vacuna rusa Sputnik contra el Covid.
Son 96 muertes bajo investigación. En un reciente informe, el Cuerpo Médico Forense definió que en 12 sobre los primeros 20 casos estudiados había una relación de nexo “concausal” con el fentanilo contaminado. O sea, una relación causal indirecta en la que la enfermedad de base y la infección bacteriana causada por el opiáceo habían confluido y empujado a los pacientes a la muerte.
Así como algunos o muchos casos serán descartados de esa lista larga, también se descuenta que decenas de familiares ni siquiera se enteraron de la existencia del fentanilo contaminado. Mucho menos, de que sus familiares fallecidos en los últimos meses en hospitales de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Formosa, pudieron haber sido conducidos velozmente a la muerte por culpa de las bacterias que contaminaron el fentanilo de HLB.
AS