La empresa estatal “Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado” es una caja de fondos millonarios que manejan unos pocos funcionarios y sin control alguno, a la vez que habilita la entrega de los bienes comunes naturales al mejor postor.
Por ejemplo, solo considerando su participación como accionista de Sales de Jujuy y Exar S.A. sus ingresos llegarían casi a U$S 3,33 millones en 2024, cuando las mineras de litio tuvieron una rentabilidad aproximada de U$S 90 millones.
Este dato del ingreso es un cálculo propio elaborado en base a los balances de Sales de Jujuy (Arcadium Lithium/Rio Tinto) dado que no hay información pública. A raíz de ello, nuestro bloque de diputados ingresó un pedido de informe en la legislatura sobre los estados contables de las empresas del estado.
A su vez, Jemse tiene otros ingresos como los derivados de la venta de petróleo y gas de “Jujuy Hidrocarburos SAU”. Considerando las ventas solo de 9.881 m3 de petróleo en 2024 los ingresos por esta actividad alcanzarían los U$S 3.728.940 Y este negocio lo hace como parte de un cuestionado “plan de remediación ambiental” que hasta tuvo una condena judicial por incumplimiento.
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No podemos dejar de lado el Parque Solar Cauchari vinculado a Jemse. En 2024 produjo 850 Gwh que representan un ingreso por U$S 51 millones.
Resumiendo estos ingresos anuales por litio, petróleo y energía solar Jemse facturaría alrededor de U$S 58 millones, el equivalente al 3,7% del total de ingresos del estado provincial a valores de 2024. Respecto al gasto permitiría aumentar 1,5 veces los fondos de promoción y asistencia social.
Para preservar la caja de unos pocos no alcanza con no informar. Otro ayudín lo reciben de la Auditoría General de la Provincia que aprueba la cuenta de inversión (ingreso y gastos del PE) sin exigir información sobre las empresas del estado. Incluso, cuando el PE le transfiere $5.500 millones como fue en 2023. Este organismo de (no) control es presidido por un ex gobernador de la provincia perteneciente al PJ.
Y tal como son las cosas de la vida propia de este régimen, es este mismo funcionario en su calidad de primer mandatario firmó el decreto 7626/2011 de creación de Jemse.
Pero el uso de Jemse no es solo ante las necesidades de la política tradicional; en última instancia, ellos se quedan con una cuota menor del negocio. La parte del león queda en las multinacionales que por medio de esta empresa estatal pueden acceder a tierras fiscales y yacimientos minerales con todo tipo de facilidades.
Jemse ofrece un patrimonio al mejor postor nada envidiable. Según su sitio web es titular de minas, cateos y zonas exclusivas de interés especial: 19 zonas exclusivas de interés especial con 42.809 hectáreas en total; 9 cateos: 17.041 hectáreas en total; 4 minas vacantes adquiridas: 12.000 hectáreas en total. ¿Cómo se hizo dueño de todos estos recursos Jemse? Otro motivo más para que sus funcionarios rindan cuentas.
Con todo esto en juego se explica por qué es la única empresa estatal que según el gobierno no se vende. A diferencia del resto que estaría sujeta a venta según reglamentó la ley 6.468 de reciente aprobación con votos de UCR y PJ.
Frenar estos negocios y planificar la producción en función de las necesidades sociales y en respeto de la naturaleza solo puede venir de otra clase. En ese camino, está planteada la pelea por el control de los trabajadores y comunidades de todos los recursos que dispone Jemse como de las mineras de litio o de la empresa de hidrocarburos.