El Concejo Deliberante de Córdoba aprobó este jueves el proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo que fija los nuevos Instrumentos Urbanísticos de Planificación, Concertación y Sostenibilidad. La iniciativa establece lineamientos para orientar el desarrollo urbano, periurbano y ambiental, promoviendo un modelo de ciudad consensuado, participativo y sostenible.
Los instrumentos abarcan desde planes urbanos interjurisdiccionales, integrales de zona y de barrios, hasta esquemas de regeneración urbano-ambiental e integración socio-urbana. Además, incorpora convenios urbanísticos, polígonos de actuación concertada y acuerdos de gestión mixta, junto con medidas de sostenibilidad como parcelas verdes, manzanas sostenibles y equipamiento ambiental.
Desde el oficialismo, Pedro Altamira (HUxC) defendió la ordenanza por considerar que brinda “herramientas eficientes para garantizar el desarrollo urbano planificado, participativo y sostenible, con procesos transparentes y beneficios equitativos”. Gabriel Huespe (Ciudadanos) también respaldó la norma al sostener que “si hay orden, hay progreso”.
En la UCR, Juan Balastegui apoyó con críticas. El edil radical valoró que se incorporaran sugerencias de su bloque pero reclamó un “master plan integral para definir cómo y hacia dónde crece la ciudad”. Además, hizo propios los planteos de la Cámara de Desarrollistas (Ceduc) sobre fijar plazos límites para aprobar proyectos, hoy demorados en promedio tres años.
En cambio, Laura Vilches (FIT) rechazó la iniciativa porque “no hay un diagnóstico de ciudad ni acceso garantizado a lotes y viviendas para los sectores populares”. La concejala acusó que la norma “sigue al servicio del desarrollismo urbano” y citó el caso de Güemes, donde —según señaló— la falta de transporte público de calidad mantiene deprimida la zona. Y cerró una de sus intervenciones alertando que esta ordenanza «sigue al servicio de los desarrollistas, empresarios adinerados que transforman la vivienda en una comoditie».
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En la misma línea crítica, Graciela Villata (Frente Cívico) sostuvo que sin un plan director la ordenanza es “un cheque en blanco al Ejecutivo”. Recordó que en 2007 se creó un Consejo Urbanístico con colegios profesionales, universidades y cámaras empresarias, y pidió “animarse a diseñar una ciudad a 20 años”.
Otros opositores también marcaron diferencias. Jéssica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad) dijo que “los aportes concretos de los vecinos no fueron tenidos en cuenta”.
Desde el oficialismo, Martín Simonian remarcó que los nuevos marcos normativos “establecen pautas para inducir y orientar el desarrollo” y rechazó que no se hayan recibido observaciones vecinales. Marcos Vázquez, por su parte, apeló a cerrar el debate: “Si no lo ven, yo les diría que vayan al oftalmólogo. Queremos que este instrumento dé a la ciudad un ordenamiento territorial y deje de extenderse. Presidente, nosotros vivimos para gobernar para un millón y seiscientos mil habitantes, no hacer un discurso político para nosotros mismos, sugiero que se vote.”.
El proyecto fue aprobado por mayoría con los votos de Hacemos Unidos por Córdoba, parte de la UCR, Gabriel Huespe y Martín Simonian, mientras que la izquierda y el Frente Cívico lo rechazaron.