El gobierno del dictador socialista Lula da Silva avanza con un nuevo paquete fiscal que incluye un fuerte aumento de impuestos, generando inquietud entre inversores, economistas y sectores productivos.
Bajo la excusa de “corregir distorsiones del mercado”, generadas por la propia intervención del gobierno, el Ministerio de Hacienda, encabezado por Fernando Haddad, propone cambios en el Impuesto a la Renta (IR) que, lejos de incentivar el ahorro y la inversión, penalizan a quienes eligen apostar por el mercado financiero brasileño.
Actualmente, el IR aplicado a las inversiones disminuye según la duración del capital invertido, premiando a quienes mantienen su dinero en el sistema por plazos prolongados: 22,5% para inversiones de menos de seis meses, 20% para las de hasta un año, 17,5% para las de hasta dos años y 15% para aquellas que superan los 720 días. El nuevo esquema pretende eliminar este incentivo y fijar una tasa única del 17,5%, sin importar el plazo.
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Esta decisión ignorará por completo el rol que juegan los estímulos tributarios en la construcción de una economía sólida y estable. Al eliminar el diferencial según el plazo de la inversión, se debilita el atractivo de proyectos de largo plazo y se reduce la competitividad frente a otros mercados emergentes.
La medida se aplicaría además a las inversiones en criptoactivos, incluso a las operaciones de alta frecuencia como el day trading, y extendería un 5% de IR a instrumentos actualmente exentos como las Letras de Crédito Inmobiliario (LCI), del Agronegocio (LCA), Certificados de Recebíveis Inmobiliários (CRI) y del Agronegocio (CRA).
Estos instrumentos, esenciales para el desarrollo de sectores claves como la construcción y el agro, pasarán a tributar, encareciendo el financiamiento y reduciendo la rentabilidad de estos sectores productivos.
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En paralelo, el Gobierno de Lula también planea aumentar del 12% al 18% la carga tributaria sobre las empresas que operan apuestas en línea. Esta medida busca compensar la pérdida de ingresos derivada de la revisión del aumento del IOF (Impuesto sobre Operaciones Financieras), lo que deja en evidencia que el objetivo principal no es una reforma integral ni justa, sino simplemente recaudar más.
En un contexto donde Brasil enfrenta una fuerte crisis económica, un aumento de la inflación, y un déficit fiscal histórico, estas decisiones del Gobierno de Lula parecen ir en dirección contraria. Lejos de resolver los problemas de fondo, solo logran aumentar los impuestos y la incertidumbre.