Cuatro de los conductores sorprendidos por los operativos de control que montó la Policía a la salida de La Frontera, la zona norte de Pinamar donde se corren picadas, pasaron el fin de semana detenidos, en tanto se aguarda que el juez de Garantías resuelva sobre la situación de otros cuatro aprehendidos en un segundo operativo, en la tarde del sábado. Ocho camionetas y un cuatriciclo permanecen secuestrados.
En total, 9 personas fueron apresadas y solo una recuperó la libertad.
La Policía insistirá con los controles en la zona del mismo modo en que lo viene haciendo, con agentes encubiertos (de civil entre el público que se reúne a media tarde en el improvisado circuito, registrando patentes) y sobrevolando la zona de «La Hoya» (una depresión del terreno que conforma un óvalo, rodeado de médanos) con un dron para grabar imágenes de las maniobras.
La incógnita ahora pasa por saber si camionetas, autos, motos, cuatriciclos y UTV (ampulosos y costosos todo terreno) continuarán disputando picadas.
Todos entran y salen por un mismo lugar, un embudo donde una vez identificados, los agentes los aguardan: les piden los documentos y los detienen por violación a un artículo del Código Penal que habla del riesgo que genera a terceros determinada conducta y les secuestran los vehículos.
Se trata del artículo 193 bis, el que indica: «Será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente».
Aunque el primero en aplicar ese artículo fue el fiscal federal Juan Pablo Curi, de Dolores, al piloto del helicóptero AW109, al mando de una enorme aeronave que posó en la tarde del miércoles en la arena de «La Hoya» con el cantante de cumbia 420 Joel Silva, conocido como «Perro Primo», en medio de la gente, lo que generó desconcierto y corridas.
En una entrevista con Clarín, el secretario de Turismo de Pinamar, Lucas Ventoso, había advertido sobre la inacción tanto de la Policía como del Ministerio Público Fiscal. Aplicando el Código Penal, sostuvo entonces, «se puede terminar con las picadas». Para esto, pidió secuestrar y decomisar «la herramienta» con la que cometen los delitos, en este caso, los todo terreno.
En estas horas, en la puerta de la comisaría de Pinamar permanecen varias camionetas VW Amarok, una Ford Raptor y un cuatriciclo; 9 en total.
¿Qué puede ocurrir con estos vehículos? ¿Pueden ser decomisados por la Justicia y entregados a entidades públicas en guarda judicial? ¿Los dueños podrían llegar a recuperarlos?
«Los vehículos son secuestrados porque fueron utilizados por el imputado para cometer el ilícito. Si agarrás a alguien que dispara un arma de fuego contra otra persona y no la hiere, estás ante un delito de peligro abstracto, genera un riesgo. Desde el punto de vista jurídico, el vehículo es lo mismo que el arma de fuego. Devolverlo o no es consideración del juez, pero no deberían hacerlo», consideró el funcionario pinamarense a Clarín.
Abogado y ex titular del área de Seguridad del distrito durante la intendencia de Martín Yeza, Ventoso sostiene que la Justicia deberá medir si es proporcional secuestrarle o no el vehículo a una persona que no tiene antecedentes penales.
«Entiendo que sí, es proporcional, y no tiene que ver con el valor del vehículo, sea un Renault 4 de 500 dólares o una Ford Raptor de 140 mil dólares, el riesgo a la vida a los terceros lo cometes igual. Es como si el arma de fuego del ejemplo estuviera labrada en oro, es lo mismo si se trata de un calibre 22 ordinario. El Estado debe secuestrar por el riesgo que genera el autor de esa conducta. Si se los devuelven, ¿qué va a pasar? Van a seguir picando, y cuando maten a alguien que está parado ahí mirando nos vamos a preguntar por la responsabilidad del Poder Judicial».
Mar del Plata. Corresponsal
MG