La crisis humanitaria y de seguridad que afecta al Catatumbo, región fronteriza entre Colombia y Venezuela, continúa siendo un tema de alta preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Esta zona, ubicada en Norte de Santander, es históricamente uno de los epicentros del conflicto armado en Colombia, donde operan grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc y otras estructuras ilegales. En enero de 2025, los hechos de violencia escalaron alarmantemente, dejando como saldo el asesinato de ocho firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, la desaparición de once personas y el desplazamiento forzado de cientos de habitantes.
Ante la situación, las acciones del presidente Gustavo Petro han sido objeto de amplio debate, especialmente tras anunciar una serie de medidas bilaterales con el régimen de Venezuela, liderado por Nicolás Maduro, así como acuerdos de cooperación con Haití. Las críticas hacia el mandatario se centraron en lo que algunos consideran una estrategia alineada con una dictadura cuestionada internacionalmente, mientras que otros sectores resaltan la necesidad de una colaboración diplomática para abordar las problemáticas de la región fronteriza.
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El presidente Gustavo Petro utilizó su cuenta de X para informar sobre las acciones coordinadas entre Colombia y Venezuela destinadas a combatir las bandas armadas que operan en la frontera. Según el mandatario, dichas medidas incluyen operativos conjuntos para cerrar pasos ilegales, especialmente en la región del río Catatumbo, así como un plan bilateral para erradicar las estructuras narcotraficantes que afectan tanto a Colombia como a Venezuela.
“El trabajo conjunto con Venezuela ha identificado, entre otras cosas, la presencia de 1.580 colombianos en un campamento de refugiados del lado venezolano. Esta situación amerita un plan de acción inmediato para proteger a estas personas y evitar que sean víctimas de las dinámicas del narcotráfico y la violencia”, señaló Petro en su mensaje.
En paralelo, el mandatario informó sobre acuerdos alcanzados durante una breve visita a Haití. Entre estos, se incluye el entrenamiento de fuerzas policiales haitianas en Colombia y acciones para bloquear las rutas del narcotráfico que conectan la frontera colombo-venezolana con el Caribe. Según Petro, estas iniciativas buscan no solo contribuir a la estabilidad en el país mencionado, sino en fortalecer la seguridad en el territorio colombiano.
La representante a la Cámara Mafe Carrascal, integrante de la coalición oficialista Pacto Histórico, salió en defensa de las medidas anunciadas por el presidente Petro, al destacar que la diplomacia y la cooperación binacional son esenciales para abordar las crisis que afectan a la población civil.
Carrascal argumentó que la colaboración entre ambos países no debe interpretarse desde una óptica ideológica, sino como una respuesta ética y patriótica frente a la grave situación humanitaria en el Catatumbo: “Es natural que entre Colombia y Venezuela haya trabajo conjunto, esfuerzos binacionales, al compartir una frontera afectada por el recrudecimiento del conflicto. Esto no se trata de afinidades ideológicas, no se trata de ‘lavarle la cara a Maduro’ como dicen algunos, sino de tomar medidas y acciones para proteger la vida y la integridad de las poblaciones”.
La legisladora también recordó que, según la Defensoría del Pueblo, los niveles de violencia en el Catatumbo han alcanzado cifras alarmantes, con más de 32.000 personas desplazadas y 80 muertos, aunque no proporcionó un tiempo estimado de estas cifras. En este sentido, resaltó la importancia de implementar todas las medidas posibles para garantizar los derechos humanos y la seguridad de la población afectada.
El anuncio de Petro y la defensa de Carrascal provocaron debate político colombiano, pues líderes de la oposición criticaron las relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás Maduro, al que califican como una dictadura que no respeta los principios democráticos. Además, algunos sectores cuestionan la efectividad de las medidas bilaterales anunciadas, bajo el argumento de que no abordan de manera integral las causas estructurales del conflicto armado y el narcotráfico en la región fronteriza.